Afirmó en conferencia de prensa que las investigaciones “evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en dichos operativos”.
El primero de los casos denunciados ocurrió el 26 de marzo 2015, en la Finca San Blas, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, donde se reportó la muerte de ocho personas: seis hombres adultos, un joven de 17 años y una joven de 16.
Las autoridades reportaron que policías y soldados se enfrentaron a 15 presuntos pandilleros cuando ingresaron a una finca que supuestamente había sido tomado por los delincuentes.
pandilleros habrían muerto producto de ejecuciones extrajudiciales, según denunció la PDH de El Salvador.
La información oficial indicó que ocho delincuentes murieron y un policía resultó levemente herido. Se decomisaron cuatro fusiles M-16, un fusil A2, una escopeta, dos armas cortas y municiones.
El segundo caso fue registrado el 16 de agosto 2015, en el cantón Pajales, municipio de Panchimalco, a unos 18 kilómetros al sur de San Salvador, en la que cinco presuntos pandilleros murieron al enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad, que no tuvo bajas.
“En ambos casos, hemos llegado en esta Procuraduría a la conclusión de que se han producido las ejecuciones extralegales, que durante el procedimiento policial hay elementos serios, objetivos, claros de información que apuntan a la realización de ejecuciones extralegales de las personas que allí fallecieron”, afirmó Morales.
Según la Procuraduría, el caso de San Blas existe evidencia forense reveló que cuatro de los cuerpos “fueron movidos de posición para alterar la escena” y que uno de los fallecidos presentaba edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales que hubieran provocado muerte súbita, “lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estaban heridos”.
En el caso del cantón Los Pajales, Morales señaló que “tres de los fallecidos presentaban edema cerebral, a pesar de recibir múltiples disparos en órganos vitales que hubieran generado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos cuando ya estaban heridos” .
Morales agregó que “existe información testimonial que refiere que se realizaron ejecuciones, pero ha sido ignorada por las autoridades policiales. La fuerza armada se negó a proporcionar la información requerida por esta Procuraduría”.
Señaló que en la legitima labor de respuesta ante la delincuencia, “se han producido excesos y las autoridades pudieron haber llegado a violencia ilegal, (y) este tipo de posibles abusos para mi deben ser erradicados, (porque) el Estado no puede ser igual o peor que el criminal”.
Se están desplazando
En tanto, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo este lunes que ve posible que las pandillas se estén desplazando de la zona rural, donde operan las Fuerzas Especial de Reacción El Salvador (FES) , a la urbana por medidas “extraordinarias” implementadas por el Gobierno.
El Gobierno salvadoreño desplegó el pasado 20 de abril al comando elite rural FES conformado por 600 militares y 400 policías que tienen como objetivo principal “golpear” y “desarticular” a las estructuras armadas que se resguardan en las zonas rurales del país centroamericano.
“Es una posibilidad que dirigentes de las estructuras criminales (pandillas) estén indicando a sus miembros que se desplacen a zonas urbanas, si bien no lo podemos confirmar, nuestra fuerza especial está capacitada para operar en la zona urbana si es necesario y si las condiciones lo requieren”, dijo Cotto durante rueda de prensa.
Enfatizó “la corporación policial y la FES están preparados para enfrentar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de las medidas extraordinarios”.
