José Ángel Flores, de 64 años, presidente del Movimiento Unificado Campesino, fue muerto a balazos por un grupo de hombres no identificado en el departamento de Colón, norte de Honduras, en la tarde del 18 de octubre.
5 líderes campesinos e indígenas han sido asesinado en Honduras.
Otro líder de la comunidad, Silmer Dionisio George, también recibió un disparo en el incidente y murió en un hospital horas más tarde, indicó el boletín.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, señaló que “Honduras se ha convertido en una zona prohibida para cualquiera que se atreva a hacer campaña para la protección del medioambiente”.
“¿Cuántos activistas más tienen que ser brutalmente asesinados antes de que las autoridades tomen medidas eficaces para protegerlos, o incluso estén dispuestas a hablar de esta crisis?”, remarcó.
Denunció amenazas
José Ángel Flores había reportado amenazas en relación con su trabajo en derechos humanos.
En el 2014 se le habían otorgado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien solicitó al Estado que le proporcionara protección.
“Ambos asesinatos se produjeron en medio de una ola de amenazas contra su comunidad y son el último de una serie de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluido el de la líder indígena Berta Cáceres, que fue muerta a balazos en marzo de este año”, recordó la entidad.
Para AI, la “falta de investigaciones exhaustiva sobre estos sucesos”, así como la “falta de voluntad” de las autoridades para poner en práctica “mecanismos eficaces” de protección, impulsan este aumento de la violencia.
“Las autoridades de Honduras deben tomar medidas inmediatas para proteger eficazmente a las personas que trabajan para promover y defender los derechos humanos básicos en el país”, dijo Guevara-Rosas, quien alertó de que estos activistas corren “peligro de muerte”.
La semana pasada, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declinó una reunión con el secretario general de AI, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos en el país, incluyendo esta creciente ola de ataques contra activistas de derechos humanos, recordó el escrito.
