A petición del Ejecutivo, el Congreso argentino aprobó en febrero pasado el memorando firmado un mes antes, que plantea la formación de una comisión de la verdad sobre el atentado, integrada por expertos que no sean de ninguno de los dos países.
También autoriza al juez argentino a cargo de la causa a viajar a Teherán para interrogar a los exfuncionarios iraníes acusados por Buenos Aires.
Irán de su lado anunció la aprobación del protocolo en septiembre pasado, luego de varios reclamos del gobierno argentino.
La justicia argentina acusa a Irán de haber sido autor intelectual del ataque e imputó a ocho iraníes, entre ellos el exministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el exconsejero cultural iraní en Argentina Moshen Rabbani.
La petición del fiscal se produce tres días después del fracaso de las negociaciones en marcha en Ginebra entre Teherán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania) por el programa nuclear iraní.
La presidenta Cristina Fernández renovó sus esperanzas en el memorando tras asumir Hasan Rohani como mandatario de Irán y había pedido a las potencias que incluyeran en la agenda de negociaciones con Teherán el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.
