El mandatario anunció el martes un paquete de medidas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia, que incluye una investigación para determinar si él, su esposa y el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de interés al comparar inmuebles a contratistas del Gobierno.
Peña Nieto afrontó a finales del año pasado un escándalo por la revelación de que su esposa, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana.
La polémica creció al conocerse que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había adquirido una vivienda al mismo contratista, el Grupo Higa, que tuvo participación en la primera licitación para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro.
En enero un medio estadounidense publicó que Peña Nieto compró en el 2005, semanas después de haber asumido como gobernador del estado de México, una casa por US$372 mil al empresario Roberto San Román, quien después obtuvo millonarios contratos para realizar obras públicas.
Así, el presidente encomendó a Andrade, político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y vinculado a Peña Nieto y a Videgaray desde hace décadas, investigar y resolver si hubo conflicto de interés en los tres casos.
Según Palomar, legalmente nunca se podrá demostrar porque “no hay relación contractual ilegal o que presuponga beneficios por otorgar concesiones por parte del presidente y tampoco por parte del secretario Videgaray y mucho menos de parte de la esposa” , a quien “no hay manera de investigarla” porque no es funcionaria.
Aunque es cierto que el presidente no otorga “directamente” las concesiones, sí existe la posibilidad de influenciar a “secretarios de Estado o al personal” a su cargo “a efectos de dar una recomendación para que ciertas empresas sean preferidas sobre otras” , apuntó.
Así, aunque no se pueda demostrar legalmente el conflicto de intereses, la percepción de muchos mexicanos es que “éticamente hay varios cabos muy sueltos que dan a entender que hubo algo ilegal” .
En opinión de Irving Rosales, doctor en Economía por la Universidad Iberoamericana, fue “netamente un anuncio político para decir por parte del Gobierno: miren, estamos haciendo algo para ser más claros y averiguar qué es lo que pasa” .
Pero este nombramiento ha perdido “sentido” porque un ministro de la Función Pública “tendría que ser alguien independiente del Gobierno o que al menos no haya tenido participación ni con el equipo de Gobierno ni con el partido” , indicó.
Por ello, agregó, esta decisión hace honor a una “expresión” mexicana: “hacer nuevas leyes” y nombramientos “sencillamente para que sea lo mismo” .
“En la práctica dudo que realmente vaya a funcionar y que las investigaciones vayan a ir al fondo. El anuncio es por las presiones de la prensa, sobre todo la prensa internacional“, apuntó.
Para el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) Gerson Hernández, esta operación de maquillaje no ha funcionado. Es “un error político” , “un error estratégico” , “uno de los muchos que ha tenido esta Administración” , sentenció.
La solución, dijo, es crear una Comisión Nacional Anticorrupción con miembros independientes y “dientes” para poder morder y sancionar a los funcionarios corruptos.
