Organizaciones de inmigrantes en EE. UU. exigieron a los gobiernos del Istmo que integren una comisión para cabildear con líderes republicanos la necesidad de una reforma migratoria integral.
Exigen cabildeo
Rosa Posada, dirigente de la Unión Guatemalteca de Migrantes, afirmó que la comisión de alto nivel debe estar formada por los presidentes, jefes de los parlamentos y los cancilleres de Centroamérica, y en conjunto propiciar una reunión con líderes republicanos del Congreso y el Senado.
“Los republicanos son los que tienen mayoría en las cámaras, es con ellos con los que se debe hablar. Nuestras autoridades deben accionar y no solo estirar la mano para recibir los dólares que mandamos”, agregó Posada.
Félix Fuentes, quien reside en San Francisco y pertenece al Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos, respaldó la petición.
“La acción administrativa es temporal. Aunque se logre revertir el fallo se corre el riesgo de que más adelante se pierda. Se requiere de una ley, y eso se logra en las cámaras”, expuso.
“Todos esperamos que nuestros gobiernos actúen, tienen que venir a apoyarnos para buscar una solución. Es el momento de que nuestros pueblos actúen”, expresó Fuentes.
Byron Quezada, presidente de la Fraternidad Shecana y residente en el estado de California, concuerda con la idea de integrar una mesa de alto nivel para cabildear con las autoridades estadounidenses. “Eso lo hemos sugerido desde el primer día que se comenzó a hablar de la reforma migratoria”, dijo.
“Se debe hablar con los grupos de personas que en verdad pueden hacer los cambios. Tienen que convencerlos de que nosotros no venimos a robar o a vender droga, sino que estamos dispuestos a engrandecer este país y que somos gente honesta. Debe haber un cabildeo”, manifestó.
DESCARGA- Vea el PDF de los beneficios paralizados para los migrantes.
Wálter Batres, miembro de la Mesa Comunitaria Guatemalteca de Los Ángeles, aseveró: “La suspensión no creo que camine, porque EE. UU. estaría violando sus propias leyes y su Constitución”.
Batres explicó que en ese país norteamericano no se pude juzgar a los menores de 16 años por sus acciones, por lo que sería contradictorio si se resuelve contra el Programa de Acción Diferida (Daca, en inglés), ya que se permite señalar de un delito a un niño, cuando aún no está consciente de sus actos. Lo mismo sucede con el Dapa, que protege la integración familiar. “No se puede separar a sus padres de sus hijos, ni a sus hijos de sus padres. Al deportar a los padres inmigrantes de sus hijos nacidos en este país están violando su Constitución”, aseveró Batres.
Instalarán mesa
Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores, expuso desde Roma, Italia, que el Gobierno de Guatemala lamenta profundamente la resolución que suspende la entrada en vigor de las medidas migratorias.
Morales indicó que, junto a los cancilleres de El Salvador y Honduras, discutirán, la primera semana de marzo, la búsqueda de posibles soluciones diplomáticas ante la suspensión indefinida de la entrada en vigor de las medidas migratorias, “respetando el Derecho interno de los Estados Unidos”.
“Todo lo que hagamos en esa labor de cabildeo y de tratar de convencer a los líderes estadounidenses de aprobar esta reforma migratoria es factible”, declaró el canciller.
“Todo lo que sea para apoyar a los migrantes se puede estar seguro de que los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador van a estar completamente de acuerdo” agregó.
El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, refirió que es “un poco prematuro predecir un escenario específico” de lo que ocurrirá con la decisión del juez Hanen.
Lo que sí podemos afirmar es que el Ejecutivo estará apelando la decisión judicial, ya que el Gobierno de Guatemala ve positivamente la medida del presidente Obama, la cual es de gran beneficio para los guatemaltecos que viven en EE UU. Sin embargo, no debemos intervenir en un proceso judicial nacional, sino concentrarnos en orientar de la mejor manera a nuestra población migrante”, expuso Ligorría.
Congreso
Decisión debe respetarse
Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, afirmó que ve “con asombro y tristeza” la decisión del juez de Texas que dejó sin efecto los beneficios de las medidas ejecutivas para los migrantes guatemaltecos. Resaltó que las autoridades estadounidenses comenzarían a recibir hoy la documentación de las personas interesadas en obtener los beneficios. “Los connacionales deben esperar, no hay otra opción. Como país, debemos ser respetuosos de la autonomía, leyes y política interna de cada uno de los países”, dijo el legislador.
Conamigua
Creen que caso no prosperará
Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), consideró que la resolución del juez de Texas tendría un tinte político, y recordó que no es la primera vez que se da un caso de este tipo. “Creemos que el recurso tiene pocas probabilidades de prosperar; sin embargo, hay que estar al tanto, porque logró temporalmente detener la entrada en vigencia de la orden ejecutiva”, dijo Gordillo, quien agregó que posiblemente el caso termine dilucidándose en la Corte Suprema de Justicia de aquel país.
Embajador
Hay que tener paciencia
Julio Ligorría, embajador de Guatemala en Washington, pidió a los guatemaltecos en EE. UU. esperar a que haya más información oficial, e hizo un llamado a que “pongan mucha atención en quién depositan su confianza. En cada crisis aparecen los ya famosos notarios, y se aprovechan de la gente ofreciéndoles servicios para los que no están autorizados”. Recomendó a las personas acudir a los sitios web oficiales de las instituciones involucradas y a sus consulados para obtener información, y no dejarse engañar por los que dicen tener autorización para hacer trámites.
Datos sobre connacionales
Las cifras de connacionales en EE. UU. son variables y no hay datos oficiales.
Se cree que al menos un millón 600 mil guatemaltecos viven en EE. UU.
Unos 800 mil connacionales residen en EE. UU. sin ningún tipo de documentación.
En los estados de California, Texas, Florida y Nueva York hay más de 100 mil migrantes guatemaltecos.
Unos 200 mil connacionales intentan llegar en forma ilegal a ese país cada año.
Cifras oficiales demuestran que en cinco años —del 2009 al 2013— EE. UU. deportó a 198 mil 345 guatemaltecos.
En ese mismo lapso los migrantes enviaron más de US$23 mil millones en remesas.
En el 2013, 17 mil 57 niños que viajaban solos a EE. UU. fueron capturados, así como 11 mil 433 familias.
En el 2014 fueron deportados 51 mil 157.
Datos de la Embajada de Guatemala en Washington consideran que la medida de la acción ejecutiva podría beneficiar a 190 mil connacionales.
Dirigentes de migrantes calculan que entre 250 mil y 300 mil recibirían el beneficio.
Otros más optimistas, que se basan en que el subregistro es mayor del que se cree, opinan que la medida podría beneficiar a entre 400 mil y 500 mil guatemaltecos.
ABOGADO
Presentaron acción 26 gobernadores
Pedro Pablo Solares, abogado experto en asuntos migratorios, explicó los alcances de la decisión de un juez federal de Texas que suspendió provisionalmente la medida del presidente estadounidense, Barack Obama.
Indicó que la resolución judicial “es el resultado de una acción interpuesta por una serie de estados, precisamente los gobernadores”, los cuales son reacios a la decisión de Obama de tomar acciones ejecutivas para regular a migrantes.
“Estos 26 gobernadores decidieron presentar la acción a nivel federal; la medida migratoria del presidente Obama se dio dentro del plano federal. Allá se tienen jurisdicciones estatales y jurisdicción que afecta a la federación o estado federal”, precisó Solares.
Indicó que una posible razón por la que la acción se presentó en el estado de Texas es “porque en el sistema judicial estadounidense se puede escoger cualquier jurisdicción, siempre y cuando sea en los juzgados federales”.
“Obviamente estos gobernadores tenían interés en que la medida fuera parada. Decidieron escoger un juez de un estado que fuera eminentemente republicano y qué más republicano que el estado de Texas. Entonces, esto es una decisión de un juez federal que afecta asuntos federales, no asuntos del estado de Texas. En el momento que esta resolución sea definitiva, afectaría al gobierno federal”, dijo el abogado.
Destacó que el aparato judicial estadounidense, al igual que el guatemalteco y el de cualquier estado republicano, tiene un sistema de cortes que va en ascenso de acuerdo con las diferentes apelaciones que se interpongan, por lo que el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es decir la instancias judiciales más altas del estado federal.
“Algunos medios indicaban que uno de los peligros era que cada uno de los diferentes gobernadores participantes de la propuesta pudiera tomar la misma acción y se pudiera entrampar en 26 diferentes sentencias en sus respectivos estados. Esto no es así; una vez que ellos escogen una jurisdicción, ese juez federal con su decisión va a afectar a todo el gobierno federal, y si por ejemplo decidieran interponer acciones en otras jurisdicciones para entrampar el proceso, esos jueces deberían remitir las acciones a la primera acción, que en este caso es en el estado de Texas”, expuso el jurista.
