Son los desplazados por la violencia de grupos armados de dos municipios de Guerrero, en la costa del Pacífico. La mayoría son de Leonardo Bravo, pero también hay de Zitlala.

Desde que llegaron a la Ciudad de México, viven en condiciones sumamente difíciles, aguantando fuerte calor por el día y frío por la noche. Sin agua corriente ni electricidad. Cobijados solo por casas de campaña y lonas de plástico.

“Llegaron a nuestras comunidades criminales con armas más grandes que las del ejército y nos obligaron a salir de nuestras casas“, dice Medina. Con él, concuerdan todos los entrevistados por BBC Mundo.

Estaban acostumbrados a oír balaceras que se prolongaban por horas y horas. “Pero esta vez tuvimos que salir huyendo porque entraron hasta las comunidades disparando a todo, las casas, las iglesias, y a algunos entraron y los sacaron a la fuerza”, cuenta Jesús Esquivel, otro de los desplazados.

Aseguran que no tuvieron tiempo ni siquiera de sacar algo de ropa o sus documentos.

Debido a la violencia que sembraron los grupos armados entre el 11 y 15 de noviembre del año pasado, unas mil 800 personas llegaron a Chichihualco, la cabecera municipal, y se quedaron en un improvisado refugio.

Algunas quedan ahí. Pero, después de un tiempo se dispensaron rentando algún lugar o yéndose con familiares. Otras, después de tres meses y sentir que no tenían respuesta decidieron ir a la Ciudad de México, a pedir auxilio al gobierno federal.

“No hay condiciones para que vuelvan”

El director de estrategias en derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana, dice a BBC Mundo que desde el día siguiente que llegaron se han reunido con ellos.

“Se les ha ofrecido crear condiciones de orden humanitario para que puedan regresar a Chichihualco, garantizando alimento, salud, educación y empleo. Pero ellos no han aceptado porque quieren una reunión con el presidente, aunque esas son órdenes de él”, dice.

Santana dice que el gobierno de AMLO es el primero en México que reconoce el problema del desplazamiento forzado interno.

Los municipios de los desplazados, en la parte de la montaña, están una zona de conflicto “que en estos momentos se encuentra controlada por los grupos del crimen organizado”, dice.

El gobierno ha identificado más de una docena en esa región.

“Por lo tanto el gobierno mexicano no ve condiciones de seguridad para que regresen a sus viviendas”, asegura.

Dice que en otro encuentro que mantendrán esta semana con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas “se mantendrá la misma línea de ofrecerles las condiciones para volver a Chichihualco, por un periodo de dos meses, con un mecanismo de revisión mensual y que se vaya ampliando en caso de ser necesario”.

Dice que en parte las negociaciones han ido lentas porque los desplazados han pedido al gobierno que se comprometa a que en el plazo de un mes puedan volver a sus comunidades, cosa que el gobierno no reconoce como viable.

“Estamos hablando de décadas de descomposición en ese territorio. Ahora, con la aprobación de la Guardia Nacional, el gobierno empieza a tener instrumentos para lograr recuperar estos espacios, pero todavía falta un trecho para la implementación de las leyes secundarias”, dice.

Aunque, los desplazados y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, aseguran que las fuerzas de seguridad del Estado fueron testigos y que no hicieron nada ante el despojo, el funcionario dice que el gobierno tiene un video en el que se ve que la policía federal actuó al resguardo de la población.

Este conflicto es “sumamente complejo porque atraviesa por temas de seguridad”, dice Santana, que ha estado a cargo de la negociación.

En este caso, el desplazamiento está relacionado por el intento de los grupos criminales de controlar áreas de gran riqueza minera, en las que se obtienen oro, uranio y titanio, asegura.

Condiciones muy difíciles

Cada desplazado tiene una historia de violencia: cómo tuvieron que huir de las balas sin saber dónde quedaban sus familiares, o cómo los hombres armados llegaron a sus casas.

“Escondí a 16 niños en la iglesia para que no los mataran”, cuenta un hombre que no quiere dar su nombre por miedo. Dice que los menores habían terminado sus clases de catecismo cuando los tiros empezaron. “Fue una reacción meter a todos los niños a una parte escondida de la iglesia, que tampoco respetaron los maleantes”.

Ahora en el Zócalo las condiciones son “extremadamente difíciles”, dicen los refugiados.

“Tengo un bebé de 7 meses y es terrible tenerlo aquí con este calor y este frío, tampoco tengo agua suficiente para su aseo”, cuenta una madre.

El pasado 21 de marzo murió en un hospital de la Ciudad de México uno de los desplazados, Francisco Barragán.

Había sufrido una trombosis en el improvisado campamento. A pesar de la atención médica no recobró el conocimiento y murió de un infarto.

Aunque los desplazados reconocen que su muerte pudo no estar ligada directamente con las condiciones en que viven fuera del Palacio Nacional, aseguran que no ayudó.

“Si nos hubieran hecho caso antes, Francisco no hubiera muerto. Si en este país hubiera un gobierno que cuida a la gente, no hubiera tenido que salir de su pueblo y morir aquí”, dice una de las desplazadas, que no quiere dar su nombre por temer represalias.

“El desánimo está afectando mucho a los desplazados. Llegaron con la esperanza de que el presidente los iba a atender y no ha sido así. La muerte de uno de ellos también los ha puesto tristes: todos entienden que a cualquiera les puede pasar”, dice a BBC Mundo Manuel Olivares, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Olivares explica que este es el último gran desplazamiento masivo en Guerrero, y en México.

Dice que la violencia de los grupos delincuenciales ha aumentado en el área debido al interés por controlar las zonas mineras y también por la bajada del precio de la goma de opio, que se producía en la región.

“Con la introducción de las drogas sintéticas, el precio de la goma de opio bajó y casi todos los campesinos dejaron de sembrarla. Cuando la gente no tiene fuente de ingresos, es más fácil que se incorpore a un grupo delincuencial”, dice.

Las organizaciones de derechos humanos piden que se tipifique el desplazamiento forzado como un delito, asegura.

“Un gran problema es que, en medio de todos los problemas, la gente tiene que demostrar al gobierno que son desplazados. Tienen que presentar denuncias que son un largo proceso burocrático, para obtener el reconocimiento de víctima. Y mientras, no tienen acceso a los apoyos que son su derecho”, asegura.

“No sé dónde están mis hijos”

La mayoría de desplazados que están en el Zócalo quiere volver a sus comunidades. “No somos ricos, pero allá vivimos bien. Tenemos nuestras casitas, hay una carretera asfaltada, escuelas, un hospital”, dice con nostalgia Roberto Mediana, que es vendedor ambulante de fruta.

Pero no todos quieren volver. Los del municipio de Zitlala creen que ya es demasiado peligroso regresar a sus casas.

“Los malos se han quedado con nuestras casas y todas nuestras cosas. Ya se quedaron con todo, cosecharon nuestra tierra, vendieron nuestras gallinas. Además, sabemos que si volvemos nos pueden secuestrar o matar. Por eso mejor queremos que nos reubiquen”, dice Joaquina Cantor, una campesina que tiene 3 hijos

Los desplazados dicen estar muy preocupados por la gente que no salió de sus comunidades. “Algunos se quedaron pensando que no les harían daño o intentando cuidar sus propiedades. De esas personas se sabe poco y podrían estar como rehenes“, dice Olivares, del centro de derechos humanos.

Algunos dicen que tuvieron algún contacto con la gente que se quedó y que les han dicho que los hombres armados controlan cada uno de sus movimientos y que hay pocos víveres.

“Mi familia quedó dividida. Tuve que correr para salvar a mi esposa y mi nieta, pero no sé dónde se quedaron dos de mis hijos”, dice con gran preocupación uno de los hombres que acampan en el Zócalo.

“Es como si estuviera muerto: no sé si volveré a mi casa o si volveré a ver a mis hijos“, dice.