Dijo que la prioridad de las autoridades al suspender el proyecto de ley era restaurar la paz y el orden, añadiendo que su objetivo era “evitar que Hong Kong se convirtiera en un paraíso para los criminales”.

Su decisión se produce después de días de intensas protestas en las calles en contra de este proyecto.

Numerosos ciudadanos ven como un paso más en la “intromisión” de Pekín en la región, que cuenta con libertades que no se disfrutan en el resto de China.

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Las autoridades defienden que el polémico proyecto de ley permitirá que presuntos culpables de delitos penales, como asesinato y violación, puedan ser extraditados a China continental y otros países para ser juzgados y que los tribunales analizarán caso por caso.

Es decir, los juzgados tendrán la última palabra sobre si autorizar las solicitudes de extradición.

El plan supuestamente fue propuesto por la jefa de gobierno de Hong Kong tras un caso de asesinato de una mujer ocurrido en Taiwán, del que se acusa a un joven hongkonés de 19 años que no puede ser extraditado por la falta de regulación.

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Las autoridades aseguran que la ley es necesaria para proteger a la región de criminales.

Sin embargo, muchos ciudadanos hongkoneses temen que la ley permita al gobierno de Pekín perseguir a todos aquellos que se opongan al gobierno del Partido Comunista, dado el opaco sistema judicial en el continente.

En los últimos años, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y confesiones forzadas por parte de las autoridades chinas.

Pekín, por su parte, criticó a estos grupos y consideró en múltiples ocasiones que tienen una visión “sesgada” de la realidad en China.