La Procuraduría General de la Nación, en tanto, anunció en un comunicado la creación de una agencia especial que intervendrá, en representación del Ministerio Público, en el proceso de investigación sobre la matanza.
“El agente especial (…) debe buscar siempre garantizar el debido proceso, la defensa de los derechos fundamentales y que se llegue a la verdad de los hechos”, señaló la nota de la Procuraduría, que ejerce funciones de control sobre funcionarios públicos y defiende los derechos humanos.
El martes, unos representantes del Ministerio de Defensa, la Procuraría, la Fiscalía, el Instituto colombiano de Bienestar Familiar, la defensoría del Pueblo y la policía acordaron crear una mesa técnica interinstitucional para prevenir los delitos contra los menores y la utilización de los niños por parte de organizaciones criminales.
La policía anunció que reforzará con dos mil agentes especializados el trabajo de atención y prevención en casos con niños y adolescentes.
Tras el crimen, las autoridades ofrecieron inicialmente una recompensa de US$21 mil, pero el martes la policía aumentó el monto a US$29 mil.
Los niños asesinados, tres hermanos de 10, 14 y 17 años, y el sobrino de éstos, de cuatro años, fueron hallados muertos con impacto de bala en la cabeza en la madrugada del jueves pasado. Sus padres y abuelos los habían dejado solos porque habían viajado a Florencia para matricularlos en el colegio. Un quinto menor, de 12 años, que se hizo el muerto y sobrevivió a la masacre, fue quien alertó de lo ocurrido.
Según las autoridades, puede tratarse de un crimen causado por “intolerancia” y “venganzas personales”, aunque la familia dijo a los medios nacionales que habían recibido intimidaciones de una persona que reclamaba tierras de su propiedad.
De acuerdo con las cifras citadas por la estatal Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, mil 115 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país en 2013.
