Para la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santiesteban, también presente en la conferencia, se tiene que denunciar la corrupción que llega “hasta los más altos niveles del Estado, desde Gobiernos regionales, municipios y la misma Policía”, para reforzar la seguridad ciudadana.
“Estamos ante una situación muy compleja y delicada, hay periodistas amenazados, dirigentes de la CGTP y de Construcción Civil han sido asesinados por mafias y sicariato”, resaltó Silva Santiesteban.
Según cifras de la Policía Nacional, una ola de crímenes cometidos por asesinos a sueldo o sicarios ha dejado entre enero y febrero al menos 13 muertos.
En febrero pasado, tras el asesinato del hijo de un alcalde de un distrito populoso de Lima, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) pidió que se debata la aplicación de la pena de muerte en Perú, lo que causó gran polémica.
Diversos organismos de derechos humanos, políticos y representantes del Gobierno rechazaron la posibilidad que planteó García tras recordar que Perú es signatario de diversos convenios internacionales que prohíben la pena de muerte.
“Las soluciones contra la inseguridad ciudadana no son autoritarias. No nos sumamos al pedido demagógico por la pena de muerte”, indicó este miércoles Silva Santiesteban.
Una de las principales razones de la desaprobación del Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, en diversas encuestas es la inseguridad ciudadana que perciben los pobladores.
