El Gobierno de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo.

La medida afecta a Cosep y a todas las cámaras que forman parte de esta organización, que ya estaba en el punto de mira del régimen de Daniel Ortega. De hecho, varios de sus responsables formaban parte del grupo de presos políticos desterrados en febrero a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, informa el diario ‘La Prensa’.

El Ministerio de Gobernación ha alegado que las organizaciones no han completado un proceso de convalidación de registro, en aplicación de una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de cientos de organizaciones.

Este tipo de medidas han aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados. La semana pasada, un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetrar abusos equiparables a crímenes contra la humanidad.

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Las acciones del gobierno de Ortega contra opositores y críticos continúan, luego de la expulsión de 222 personas que permanecían presas y a quienes se les despojó de su nacionalidad por señalamientos de ser “traidores de la patria”.

Las autoridades judiciales ordenaron inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer funciones públicas, cargos a elección popular y se les suspendió los derechos ciudadanos de por vida.

Los opositores fueron enviados a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional de Managua, donde fueron subidos a un avión privado que luego llegó a Washington.

Uno de los expulsados fue Lesther Alemán, quien increpó a Ortega durante una transmisión televisada en vivo en mayo de 2018 para pedirle la renuncia.

Las acciones del gobierno de Ortega contra opositores y críticos continúan, luego de la expulsión de 222 personas que permanecían presas y a quienes se les despojó de su nacionalidad por señalamientos de ser “traidores de la patria”.

Las autoridades judiciales ordenaron inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer funciones públicas, cargos a elección popular y se les suspendió los derechos ciudadanos de por vida.

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Uno de los expulsados fue Lesther Alemán, quien increpó a Ortega durante una transmisión televisada en vivo en mayo de 2018 para pedirle la renuncia.

Empresarios de Guatemala rechazan disolución

El sector empresarial de Guatemala rechazó la disolución de la principal cúpula patronal de Nicaragua por orden del Gobierno de Daniel Ortega.

El cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en Nicaragua fue calificado como un atentado “contra los derechos de asociación y libertad” por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala, en un comunicado de prensa publicado este lunes.

La gremial, que aglutina a la cúpula empresarial guatemalteca, pidió que “se detengan las medidas represivas que atentan contra el crecimiento económico y la libertad” en Nicaragua y enviaron un mensaje de solidaridad a las decenas de empresarios afectadas por la decisión del Gobierno.

Erosión de derechos humanos

La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose en los primeros meses de 2023, destacó en marzo la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al Gobierno de Daniel Ortega el fin de prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes.

En un informe actualizado de la situación de Nicaragua desde diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, se denuncia esa medida arbitraria, aplicada a más de 300 personas desde que se aprobara a principios de febrero.

“La oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del registro civil de Nicaragua“, denunció Brands, quien señaló que al menos 37 personas siguen privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país.

Entre esos detenidos Brands destacó el caso el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por haber sido declarado culpable de traición y negarse a su deportación.

Esa sentencia fue dictada “sin juicio previo“, aseguró Brands, quien pidió la liberación incondicional de Álvarez y de los otros 36 detenidos de forma arbitraria.

En enero y febrero, añadió, se dictaron sentencias de hasta 10 años de prisión contra 30 personas que se atrevieron a criticar al Gobierno, entre ellos activistas, periodistas y sacerdotes en juicios sin el proceso debido, a menudo en audiencias a puerta cerrada y a las que se negó el acceso de los acusados y sus abogados.

A muchos de ellos no se les permitió tener conocimiento previo de los cargos por los que eran juzgados, lo que dificultó sus posibilidades de recurrir la sentencia, denunció Brands.