Según esta institución, el móvil del asesinato de Salgado -quien fue secuestrado el 3 de febrero- “pudo tratarse de un conflicto entre particulares, por posesión de terrenos que se ubican en la reserva ecológica conocida como El Chivatero, de la localidad en Moyotepec, Ayala“, siempre en Morelos.
“Los presuntos responsables” y Salgado, dedicado a la defensa de tierras y migrantes indígenas de los estados de Guerrero y Oaxaca (sur) , eran integrantes del FPR, pero “tras disputas se separaron, conformando los primeros el grupo social denominado Victorinos o Cemilla“, añadió la fiscalía.
La dependencia dijo que en el lugar de las detenciones decomisaron dos automóviles e incluso varios machetes, “de los cuales se tiene indicios de que uno fue el arma homicida“.
Sin embargo, la esposa de Salgado, Rosa Salas, aseguró a la prensa este jueves que el asesinato fue cometido por el crimen organizado, que ha provocado altos índices de inseguridad en Morelos.
Salas también sospecha que policías estatales podrían estar involucrados en el asesinato.
“Responsabilizamos al gobierno del estado de Morelos y al Estado Mexicano en general” del asesinato del activista, dijo el miércoles el FPR en un comunicado.
Por su parte, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, lamentó en su cuenta de Twitter el homicidio del activista, a quien consideró un “luchador social limpio y honesto” .
Uno de los casos más dramáticos de asesinatos de activistas sociales es el de la familia Reyes Salazar, radicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fronteriza con Estados Unidos.
Seis miembros de esa familia, que durante décadas han dedicado su vida a la defensa de la ecología, derechos humanos y laborales, fueron asesinados entre 2009 y 2011.
