En Chile causa indignación el caso de un joven manifestante que fue arrojado desde un puente por un policía el pasado 2 de octubre. Además, durante las protestas masivas por mejoras en la calidad de vida y un cambio constitucional de fines del año pasado, las fuerzas de seguridad chilenas fueron acusadas de torturas, disparos indiscriminados que dejaron decenas de lesionados con pérdida total o parcial de la vista y de uso indiscriminado de la fuerza, en algunos casos con consecuencias fatales.
DEUTSCHE WELLE
Violencia policial en América Latina está “fuera de control”
En la región no solo hace estragos el coronavirus, sino también la violencia policial. Pero muchos latinoamericanos ya no quieren aceptar que la gente muera durante protestas, allanamientos y controles policiales.
En Latinoamérica no solo el coronavirus hace estragos, sino también la violencia policial, desde hace décadas. (Foto Prensa Libre: Picture-Alliance)
En Colombia murió, a principios de septiembre, el estudiante de abogacía Javier Ordóñez debido a golpes propinados por policías en una comisaría. Los agentes de seguridad llevaron detenido a Ordóñez porque éste no se atuvo a las normas contra el coronavirus, ya que habría bebido alcohol en la calle. En las protestas contra la violencia policial que siguieron a la muerte de Ordóñez resultaron muertos, según los medios, 13 civiles. A finales de septiembre, el caso de una mujer trans que fue tiroteada en Colombia por un soldado durante un control policial también provocó disturbios.
En junio de 2020, miles de personas salieron a la calle en México para protestar contra la violencia policial, luego de que se diera a conocer que un hombre de 30 años, Giovanni López, murió cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad. López había sido detenido por no llevar una mascarilla contra el coronavirus. Los métodos de la policía mexicana son casi tan temidos como los de los carteles del narcotráfico.
Triste récord de muertes por violencia policial
Estos son solo tres ejemplos sintomáticos que valen para casi todos los países no anglosajones del continente americano. Este verano boreal, la atención de la opinión pública internacional giró en torno al problema de la violencia policial racista en Estados Unidos, luego de que el afroestadounidense George Floyd muriera durante una detención policial violenta. Pero en América Latina, la brutalidad de las fuerzas de seguridad cobra una magnitud muy distinta.
“El nivel de violencia y de ejecuciones sumarias está en muchos lugares de Latinoamérica totalmente fuera de control”, dijo a DW Fernanda Doz Costa, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Una comparación de Wikipedia de los casos de muertes por violencia perpetrada por policías constata esa apreciación: Venezuela y El Salvador son los países en los que mueren más personas a manos de agentes. Jamaica y Brasil también están en los primeros lugares. Sin embargo, dice Doz Costa, muchos países ni siquiera registran ese tipo de estadísticas, por lo cual es casi imposible obtener informaciones confiables al respecto en ese tema.
La historiadora Agustina Carrizo de Reimann investiga sobre la Policía en América Latina. Según ella, la excesiva brutalidad de las fuerzas policiales es un problema estructural desde hace mucho tiempo que puede, en parte, ser explicado por el rol que tuvieron las fuerzas de seguridad durante las dictaduras y los regímenes autoritarios en las décadas de los años 70, 80 y 90.
Conexión entre la policía y los militares
También Doz Costa considera que ese vínculo es una de las causas de la violencia policial en Latinoamérica. Muchos policías conservan una forma de pensar similar a la de esa época, señala, y casi no se han llevado a cabo reformas en las fuerzas de seguridad desde entonces en la región. “Eso se ve muy bien en los carabineros, la policía chilena. Todavía actúan, en parte, como durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Los manifestantes son, para ellos, un peligro para el Estado. No son personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente y a quienes deben proteger”, subraya la vicedirectora de Amnistía Internacional para el continente americano. Una frase desde el estamento superior del poder político, de boca del mismo presidente Sebastián Piñera, animó en 2019 a la policía chilena a reprimir duramente a los manifestantes. Piñera describió a los jóvenes que salían a las calles para exigir mejoras de “enemigo implacable” que estaba “en guerra” con Chile.
Mientras en Chile, durante la dictadura militar, los carabineros estaban bajo el mando del Ministerio de Defensa, en 2011 pasaron a recibir órdenes del Ministerio del Interior. En otros países de América Latina, la Policía sigue dependiendo del Ministerio de Defensa, y en algunos los jefes del Ejército son, al mismo tiempo, jefes de la Policía. Por eso sus métodos de entrenamiento son similares a los de los militares, dice Fernanda Doz Costa. Otro gran problema es la impunidad de los agentes de seguridad. “En caso de cometer faltas, se los lleva ante un tribunal militar en lugar de ante un tribunal civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció repetidas veces que eso es inaceptable”, subrayó la experta de Amnistía Internacional.
Una espiral de violencia
América Latina es conocida por sus grandes desigualdades sociales y por tener altas tasas de criminalidad. Según un ranking del portal Statista, por ejemplo, las grandes ciudades de Latinoamérica son las más peligrosas del mundo. De 50 ciudades con la tasa más alta de homicidios, solo siete no pertenecen a esa región.
La elevada criminalidad es, a menudo, uno de los motivos a través de los cuales se intenta explicar la conducta agresiva de la policía, y ese argumento no carece completamente de razón, según Agustina Carrizo de Reimann, de la Universidad de Leipzig: “Si se quiere entender la violencia policial y hacer algo contra ella, no se la puede ver como a un fenómeno aislado. Es un reflejo de la sociedad y de su propia violencia, polarización política, racismo y también corrupción”, explica.
Sin embargo, añade, la violencia de un lado casi nunca conduce a menos violencia del otro lado, sino que produce un círculo vicioso de mayor violencia.
La ejecución de un ladrón de billeteras
“Primero disparar, luego preguntar”: ese parece ser el concepto de la policía latinoamericana. También en el caso de cuatro adolescentes argentinos que sufrieron un accidente de automóvil que les costó la vida cuando la policía los perseguía, luego de que agentes les dispararan sin motivo, en la ciudad de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. El caso es conocido como la “Masacre de San Miguel del Monte”.
La historiadora Carrizo, de nacionalidad argentina, tiene muchos otros ejemplos de las fallas de la conducta policial en su país natal. Ella misma fue testigo, cuenta a DW, de cómo un policía disparó en plena calle a un ladrón de billeteras: “Simplemente le apuntó a la cabeza”, afirma. En general, la relación de los argentinos con la policía está quebrantada por la falta de confianza de los ciudadanos en esa institución. “La desconfianza hacia la policía se ve en todas las capas sociales”, indica.
Asimismo, la violencia policial afecta, la mayoría de las veces, a los más pobres y a las minorías, sean indígenas, como los mapuches, en Chile y Argentina, o personas negras, como en las favelas de Brasil. Dado que la policía no se ve a sí misma como una fuerza cuyo objetivo es proteger a la población civil, mucho menos se considera protectora de esos grupos, que están en desventaja en la sociedad.
“Oportunidad histórica de reformas”
El problema de la violencia policial en América Latina es conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el tema cobró nuevamente importancia a partir del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y de los recientes escándalos en varios países de la región. También la crisis de coronavirus, dice Fernanda Doz Costa, contribuyó “a que ahora tengamos una oportunidad histórica de reformar la policía”, ya que la pandemia deja al descubierto en Latinoamérica la gran desigualdad social y la violencia policial. Ahora más que nunca, aclara, queda claro que se necesita una institución policial que trabaje para todos. “Necesitamos una policía que respete los derechos humanos, y no una por la cual tengamos miedo de que nuestros hijos no vuelvan vivos de una manifestación”, sostiene.
Pero por el momento, en la mayoría de los países falta la voluntad política para llevar a cabo dichas reformas estructurales, indica. Las reformas deben, según ella, incluir mejores métodos de reclutamiento y entrenamiento, así como una mejor paga. “Si la policía quiere estabilidad en su institución a largo plazo, no le queda otra opción” que reformarse, añade Doz Costa. De otro modo, la espiral de violencia seguirá escalando, y el descontento social será cada vez mayor. “En las recientes protestas hemos visto que cuanto más excesos comete la policía contra las personas, más atiza a los manifestantes”, concluye la experta de Amnistía Internacional.
