Diario de Costa Rica denuncia espionaje de Policía Judicial a periodistas

El diario costarricense “Extra” denunció este lunes que “altas autoridades”  del Poder Judicial espiaron durante meses a sus periodistas para descubrir la identidad de sus fuentes, al tiempo que advirtió que buscará protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH).

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Un hombre espera en una ventanilla del Diario Extra de Costa Rica para ser antendido. (Foto Prensa Libre: EFE).
Un hombre espera en una ventanilla del Diario Extra de Costa Rica para ser antendido. (Foto Prensa Libre: EFE).

SAN JOSÉ.-  “Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores y así dejar al descubierto y en estado de indefensión al diario Extra y, por ende, a esas personas honestas que tienen algo que decir del sistema, declaró en conferencia de prensa la subdirectora del periódico, Patricia Hernández.

La periodista denunció que oficiales del Organismo de Investigación Judicial  (OIJ) han hecho llamadas telefónicas intimidatorias en contra del periódico y que sus reporteros son seguidos y fotografiados por agentes durante el desempeño de sus funciones.

Tenemos conocimiento del acoso del cual han sido víctimas otros agentes judiciales cercanos al medio (informantes), presiones que vienen de las altas esferas, agregó.

Hernández explicó que Extra ha podido comprobar estos hechos mediante un informe al que tuvo acceso, en el que se da cuenta del seguimiento a decenas de funcionarios por tener alguna relación con sus periodistas.

El abogado Carlos Serrano, del Grupo Extra, anunció que la empresa presentará un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para resguardar el derecho del periodista a la reserva de la fuente y del pueblo de Costa Rica a recibir información veraz de interés público.

El letrado dijo además que el diario acudirá a la CIDH, con sede en Washington, para solicitar medidas cautelares de protección del periodista y de las fuentes.

El subdirector del OIJ, Gerald Campos, reconoció en rueda de prensa que la entidad investigó a una funcionaria sospechosa de revelar información sensible sobre un caso de secuestro y que, con autorización de un juez, se le hizo un rastreo de comunicaciones telefónicas en las que habrían aparecido algunas con periodistas.

Hay un interés de informar, que compartimos, pero la información debe garantizarse por los medios legales establecidos: los directores o la oficina de prensa, porque somos nosotros lo que sabemos los riesgos que se corren, afirmó Campos.