El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, que autorizará la concesión de frecuencias de televisión y radio, además de pedir sanciones para contenidos que juzgue violentos y discriminatorios, fue creado a través de una polémica ley aprobada a mediados de junio.
Considerada por algunos medios privados como una “mordaza”, la norma impulsada por el gobierno de Rafael Correa ejerce control sobre los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias, bajo el argumento de una democratización de las comunicaciones.
Uno de los mecanismos de control previstos en dicha ley es el Consejo de Regulación, que estará conformado por representantes del gobierno, de la Defensoría del Pueblo, de los municipios, del consejo de Igualdad y de un organismo público de control.
El sociólogo y catedrático Hernán Reyes fue designado el lunes como el quinto y último miembro del organismo, tras el nombramiento de Patricio Barriga, Tamara Merizalde, Paulina Mogrovejo y Roberto Wohlgemuth.
Este órgano “es una mala noticia, porque está integrado por exfuncionarios o personas que carecen de independencia política y profesional”, lamentó Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).
En unas declaraciones a la AFP, Cornejo afirmó que tras la constitución de ese organismo, se aumentará la vigilancia sobre el trabajo periodístico con el fin de imponer posibles sanciones que conduzcan a la autocensura.
El Consejo de Regulación, cuya creación fue votada en una consulta popular en mayo de 2011, deberá reunirse en los próximos días y establecer un reglamento de funciones.
“Este consejo es la instancia más importante para la aplicación de la ley de comunicación, ya que es el responsable de ampliar el campo de la comunicación a nuevas voces, más actores”, comentó Reyes a la AFP.
Desde el gobierno de Estados Unidos, pasando por organizaciones como Human Rights Watch y la Sociedad Intermaericana de Prensa, consideran la ley ecuatoriana de comunicación como una restricción a las libertades de prensa y de expresión, lo que niega el gobierno de Correa.
