A última hora de la tarde del lunes, el juez federal de distrito Andrew Hanen, en Texas, bloqueó temporalmente el programa y un segundo esfuerzo para proteger de la deportación a inmigrantes jóvenes, como parte de una demanda en curso que involucra a 26 estados.
USCIS, la agencia de Seguridad Nacional responsable de manejar los casos de beneficios de inmigración, iban a comenzar este miércoles a aceptar solicitudes para un programa ampliado de suspensión temporal de deportación. El esfuerzo para proteger a los padres que viven en el país de manera ilegal iba a empezar en mayo.
Ley e historia están con él en inmigración
El presidente Barack Obama anunció los programas de protección poco después de las elecciones intermedias de noviembre recién pasado. Legisladores republicanos han argumentado que tales esfuerzos equivalen a una amnistía para millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
Los programas se han convertido en un punto de conflicto en una batalla presupuestal en curso que involucra al Departamento de Seguridad Nacional. El financiamiento a la agencia expirará el 27 de febrero.
Obama, argumentó este martes que la ley y la historia están de su lado en la disputa legal sobre su orden ejecutiva de proteger de la deportación a millones.
Obama señaló que su administración apelará la orden de un juez federal en Texas que bloquea temporalmente su programa. El dictamen le da a una coalición de 26 estados tiempo para interponer una demanda que busque la detención permanente de estas órdenes.
El mandatario señaló a la prensa desde la Oficina Oval que confía en que no excedió los límites de su autoridad al dictar la orden. Predijo que el caso se resolverá a su favor.
Mientras tanto, comentó que su administración acatará el resultado. Eso significa que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía dejarán de trabajar en planes para lanzar el programa hasta nuevo aviso.
Lamentan fallo de juez
Los gobiernos de México y Guatemala lamentaron este martes la decisión de un juez federal de Texas de congelar las medidas migratorias dispuestas por el presidente estadounidense Barack Obama.
A nombre del gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que su embajada y consulados en Estados Unidos se mantendrán atentos al proceso judicial y alertó a sus ciudadanos a no caer en posibles engaños y fraudes migratorios a raíz de la decisión del juez.
“El gobierno de México… lamenta la decisión del juez” , señaló la cancillería.
El juez federal de distrito en Texas bloqueó la acción ejecutiva de Obama un par de días antes de que entrara en vigor la primera medida que amplía un programa que protege a jóvenes inmigrantes de ser expulsados si ingresaron al país de forma ilegal cuando eran niños.
La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país, no está previsto que comience a aplicarse sino hasta el 19 de mayo.
En tanto, la cancillería de Guatemala manifestó que “lamenta profundamente la resolución que suspende la entrada en vigencia de las medidas migratorias… aprobadas por el Ejecutivo estadounidense que beneficiarían a algunos segmentos de la comunidad guatemalteca en aquel país” .
El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a sus compatriotas en Estados Unidos estar atentos e informarse sobre el desarrollo del proceso y “no dejarse sorprender por personas y organizaciones inescrupulosas que podrían tratar de sorprenderlos en su buena fe” .
Agregó que el gobierno estadounidense le informó que la decisión del juez tejano podría ser apelada por el gobierno federal, otros Estados y organizaciones a favor de la medida aprobada por Obama.
Los mexicanos representan uno de los mayores grupos migrantes en Estados Unidos. De los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven en Estados sin la documentación necesaria más de la mitad son mexicanos.
México y los países de Centroamérica fueron los primeros en elogiar en noviembre las medidas anunciadas por Obama, al considerar que permitirán aliviar la situación de muchos de sus migrantes.
A raíz de la decisión judicial, el Departamento de Seguridad Nacional detendrá los preparativos para un programa que protegería a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes hasta nuevo aviso.
Cecilia Muñoz, directora de políticas públicas de la Casa Blanca, aclaró durante una conferencia telefónica que la decisión no afecta el programa lanzado por la Casa Blanca en el 2012 y que ha permitido la suspensión de al menos 600 mil deportaciones de inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
