“Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos“, dijo Harf, indicando que Washington no publicará los nombres de los afectados.
Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
Según Estados Unidos, el gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con “detenciones arbitrarias” y “uso excesivo de la fuerza”, y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.
El gobierno estadounidense reiteró que las restricciones están dirigidas a funcionarios específicos y no afectan a la población venezolana.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó a fines de mayo una ley que determina que el gobierno del presidente Barack Obama congele bienes y restrinja visas contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones recientes.
El Senado estudia una ley similar.
Pero el Ejecutivo reiteradamente se había distanciado de esa opción, señalando que no era necesaria ni oportuna y prefiriendo un diálogo político en Venezuela.
Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010.
A pesar de la tensa relación bilateral, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que a su vez importa miles de productos de ese país.
