Desde mayo de 2022, Marta Ruano viaja al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, El Salvador, para dejar comida y artículos de higiene personal. En esa cárcel está preso uno de sus dos hijos.

Las detenciones por asociación ilícita se dieron bajo el régimen de excepción, en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo del año pasado.

El 5 de febrero último, Ruano se encontró con la mala noticia de que los familiares de los presos en esa cárcel deben comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos en esa prisión. Es uno al mes por US$170.

De hecho, no pueden llevar nada de afuera, por lo que no tienen otra salida, al punto de que si no pagan, sus familiares en prisión, en este caso sus hijos, no comen o no tienen acceso a papel higiénico.

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“Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal”, contó Marta -se ha cambiado el nombre de esta fuente a petición suya por razones de seguridad-. “Es mucho dinero, ya no sé si voy a poder llevar”, según publicó el sitio Infobae.

Además, que desde diciembre del 2022 los familiares de los reos en Zacatecoluca entregan US$170 directamente en el penal para comprar siete pequeños paquetes cuyo contenido no se detalla en la información distribuida en las prisiones.

El único desglose que se da es que son US$35 por alimentación, US$15 por artículos de higiene personal, US$30 por vestimenta, US$20 por limpieza de área, y US$70 “por misceláneos”.

Hermetismo

Jefas de familia, organizaciones de la sociedad civil que siguen lo que ocurre en las prisiones salvadoreñas, abogados defensores y comités de familiares de presos consultados por Infobae coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador empezó desde finales del año pasado a hacer dichos cobros obligatorios, no solo en la mencionada prisión, sino también en las cárceles de Apanteos e Izalco.

El medio digital no obtuvo respuesta a las consultas hechas a autoridades carcelarias en torno a la nueva polémica.

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“Es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley. No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad”, recordó el sitio de noticias.

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El sistema carcelario ha ingresado desde marzo del 2022 a unos 64 mil reos, que se han sumado a la población de unos 40 mil que ya existían antes de la excepción.

“Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos US$17 millones al mes”, resaltó Infobae.

El régimen de excepción cumplirá un año el 27 de marzo próximo.