Los 26 diputados del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron en contra y el resto de diputados se abstuvo.
Vásquez Aldana, una joven de 18 años que vivía en una zona rural de la zona central del país y que apenas llegó a tercer grado, era trabajadora doméstica cuando la violaron, y para no perder su empleo ocultó su embarazo.
Abortó en el lugar donde trabajaba y dijo que criatura nació sin vida.
Dijo que ese día lo pasó sangrando y por la noche la llevaron a un hospital público, donde el médico que la atendió la denunció ante las autoridades por aborto y la detuvieron.
A pocos días de iniciarse el proceso, la Fiscalía cambió la tipificación del delito de aborto a homicidio agravado, y aunque el informe forense del Instituto de Medicina Legal expresó que “la muerte de la criatura es indeterminada” y que “no hubo señales de trauma en el cuerpo del bebé”, también afirmó que “la muerte fue violenta”, y fue condenada a 30 años de prisión.
El abogado Denis Muñoz dijo a la agencia AP que a pesar de la falta de pruebas que mostraran que Vásquez Aldana hiciera alguna acción intencional que llevara a la muerte de la criatura, y que se reconociera que no había ninguna prueba directa que mostrara su responsabilidad en los hechos, fue condenada a 30 años de cárcel.
El movimiento “Una Flor por las 17”, mujeres procesadas por aborto y al final condenada por homicidio agravado, presentó ante la Corte Suprema de Justicia solicitudes de indulto para 17 mujeres que guardan prisión en las cárceles del país.
La corte resolvió que se concediera el indulto a Vásquez Aldana porque hubo una “duda razonable” debido a que la mujer fue condenada sin que se determinara la causa de la muerte de su hijo.
Por su parte, Morena Herrara, de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo a la AP que “para nosotras es un voto favorable de la justicia y de la justicia concreta para una mujer que ahora puede empezar a reconstruir su vida”.
“Guadalupe ahora tiene 24 años, fue condenada cuando tenía 18 y nunca debió ir presa”, agregó.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico.
