Asegura que los gobiernos en todo el mundo emplean métodos tanto legales como clandestinos para acceder a textos y metadatos privados.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la “coerción de facto” de las empresas por los gobiernos para acceder a información y datos de los ciudadanos sin el conocimiento de éstos.
Entre las pruebas presentadas por la ONU figuran un cuestionario a los países miembros, fallos de cortes europeas y un informe de la organización internacional European Digital Rights (EDRi) con sede en Bruselas, según el cual las empresas privadas se “deslizan” de la autorregulación a la autocensura.
El informe a la Asamblea General de la ONU dice que crecen los temores por las injerencias a la vida privada desde que salieron a la luz el año pasado los programas de espionaje masivo de Washington y Londres.
Se necesitan, dijo, leyes más estrictas para prevenir más violaciones y asegurar la rendición de cuentas ante el uso ilegal de la tecnología digital y la vigilancia.
El espionaje masivo tiende a convertirse en “un hábito peligroso más que una medida de excepción”, aseguró.
Por ley, los gobiernos deben demostrar que la intromisión no es arbitraria ni ilegal: “Cualquier captura de datos de comunicación es potencialmente una intromisión en la intimidad”, dijo Pillay.
Las compañías tecnológicas estadounidenses se han desprestigiado debido a la percepción de que no pueden proteger los datos de sus clientes de las agencias de espionaje.
El gobierno alemán dijo el mes pasado que pondrá término a un contrato con la empresa de telecomunicaciones Verizon por problemas de seguridad.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses dicen que las agencias de espionaje europeas y de otros países también exigen cooperación a las compañías de telecomunicaciones como cosa habitual.
“Todos los países deberían iniciar de inmediato la revisión de sus prácticas de vigilancia digital para alinearlas con las pautas internacionales de los derechos humanos”, dijo la investigadora Cynthia Wong, the Human Rights Watch.
