Los cinco exintegrantes del Poder Judicial de Mendoza (1.000 km al oeste de Buenos Aires) están imputados por haber “en forma sistemática” omitido de denunciar o investigar desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios, pese a la denuncia de familiares de las víctimas.
“Se empieza a enjuiciar a la pata civil de la última dictadura. Es imposible pensar en el terrorismo de Estado sin el papel que tuvo la Justicia. La hipótesis de la acusación es la complicidad del aparato judicial con el terrorismo de Estado y lo vamos a tratar de demostrar durante el juicio”, dijo a la prensa local el fiscal Dante Vega, a cargo de la acusación.
Romano, que fue fiscal y juez subrogante durante el régimen, estuvo dos años prófugo en Chile de donde fue extraditado en septiembre de 2013.
Según la acusación, Romano y el exjuez Luis Miret llegaron a integrar en democracia la cámara mendocina de apelación y desde allí además frenaron las causas por delitos de lesa humanidad.
En el mismo juicio que investiga el destino de 207 asesinatos y desaparicidones en Mendoza, están acusados además 25 policías y 11 militares.
Unos 660 testigos darán su testimonio a lo largo del juicio, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de la Corte Suprema.
Unas 30 mil personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, según los organismos defensores de derechos humanos.
