Esto en respuesta a una masacre perpetrada el pasado 3 de marzo en una zona rural del la localidad de San Juan Opico (noreste), donde fueron asesinados 8 trabajadores del sector eléctrico y 3 jornaleros de la zona por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), por orden de sus líderes desde 2 cárceles.
“La agenda está abierta, cada uno de los poderes del Estado, a partir de la reunión de ayer, afina sus propuestas y esto estará resuelto en los próximos días, algunas medidas en las próximas horas”, explicó en Chicas en conferencia de prensa, sin facilitar fechas.
Se están evaluando “los alcances y la modalidad que pudieran tener medidas excepcionales como la suspensión de garantías (constitucionales) o la declaración de emergencia nacional” por la violencia, explicó.
Acotó que estas deben ser analizadas “a conciencia” por las “implicaciones políticas, económicas y sociales” que tienen.
Agregó que se analizan “otros temas” como el fortalecimiento de los cuerpos de Seguridad y la “disponibilidad de más tribunales” por la mayor carga que estas medidas podrían generar en el sistema de justicia.
“Lo que se discute en este momento es cómo adicionar medidas extraordinarias que den más efectividad a las políticas de seguridad pública” basadas en el plan El Salvador Seguro, explicó el funcionario.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, dijo hoy, durante una entrevista en una radio local, que la implementación de un estado de sitio por la escalada de violencia que vive el país “está justificada” y que este puede generar las “condiciones” para el desarrollo de los planes de seguridad.
No obstante, advirtió que esta medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales, como el de libre reunión y movilización.
“La gente pide un estado de sitio, yo estoy de acuerdo, pero la ciudadanía debe ser consciente de las implicaciones”, expuso.
El recrudecimiento de la violencia que vive El Salvador se ha cobrado la vida 1.537 personas hasta el 6 de marzo, un 113,6 % más que en el mismo lapso de 2015 cuando ocurrieron 720 muertes violentas.
No es licencia para violar derechos humanos
En tanto, el ombudsman salvadoreño, David Morales, advirtió de que la posible implementación del estado de sitio que estudian los tres poderes del Estado, por la escalada de violencia que vive ese país, no es una “licencia” para que los cuerpos de Seguridad violen los derechos humanos.
Las acciones serían en respuesta al recrudecimiento de la violencia que se ha cobrado la vida de 1.537 personas entre el 1 de enero y el 6 de marzo, un 113,6 % más que en 2015, cuando se registraron 720 muertes violentas en el mismo lapso.
“Este régimen está contemplado en la Constitución, y en modo alguno es una licencia para violentar los derechos humanos, se trata de regímenes excepcionales que tienen límites constitucionales claramente establecidos”, sostuvo Morales.
Por aparte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Óscar Pineda, dijo que cuando el mandatario, Salvador Sánchez Cerén, habló de la opción de decretar “estado de excepción” para combatir las pandillas, no se refería a dicho régimen como tal, sino a “medidas excepcionales”.
Según explicó Pineda en conferencia de prensa, cuando el presidente mencionó el “estado de excepción”, hablaba de “medidas extraordinarias”, como “reformar leyes y competencias judiciales”, no de implementarlo “tal y como lo establece la Constitución”.
Las declaraciones del presidente del Supremo contradicen las brindadas hoy por la presidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, y el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, quienes dijeron que la posibilidad de un estado de sitio se “está estudiando” y que es “justificado”.
