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Los funcionarios de la administración Trump “están impedidos de tomar cualquier acción para construir una barrera fronteriza en las áreas que los demandados han identificado como Yuma Sector Project 1 y El Paso Sector Project 1, usando fondos redirigidos del DoD”, según ordenó el juez Haywood Gilliam, refiriéndose al Departamento de Defensa.

Unos 20 estados, entre ellos los feudos demócratas de Nueva York y California, así como la poderosa organización de derechos civiles ACLU, grupos ambientalistas y comunidades fronterizas han iniciado demandas que aseguran que la declaración de emergencia viola la Constitución.

El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, aprobó el desvío de fondos del presupuesto antidrogas del departamento para la construcción de barreras en las áreas mencionadas en la decisión del juez Gilliam.

El juez concedió la medida cautelar porque los demandantes han mostrado que probablemente los funcionarios del gobierno de Trump “se han excedido en su autoridad legal, y que sus acciones resultarían en daños irreparables”.

“Uso ilegal del poder”

“El control ‘absoluto’ del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos del Poder Ejecutivo con referencia a iniciativas que considera importantes- no es un error en nuestro sistema constitucional”, escribió Gilliam.

“Es una característica de ese sistema, y una esencial”, siguió.

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El caso -presentado por demandantes que incluyen al grupo ambientalista Sierra Club- menciona a Trump, a Shanahan, así como al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entre los demandados.

“Aplaudimos la decisión de hoy de la corte de proteger nuestra Constitución, comunidades y ambiente”, dijo la abogada Gloria Smith, del Sierra Club, en un comunicado.

“Hemos visto el daño que la constante ampliación de la barrera fronteriza ha generado en comunidades y en el medioambiente por décadas. Muros dividen vecindarios, hacen más peligrosas las inundaciones, destruyen tierras y vida salvaje, y desperdician recursos que deberían ser usados en infraestructura que estas comunidades realmente necesitan”, dijo Smith.

“Pero una vez más, los estadounidenses tuvimos que recurrir a nuestras cortes para controlar el uso ilegal del poder por parte del presidente Trump”, siguió.

Trump hizo de la construcción de un muro para frenar la migración ilegal, principalmente desde Centroamérica, uno de los temas centrales de su exitosa campaña presidencial en 2016.

Pero aunque entonces decía que México pagaría por la barrera, ha tenido que pedir al Congreso el dinero para poder concretar ese proyecto, y la pelea con los demócratas sobre los fondos para el muro causó incluso un cierre parcial récord -por 35 días- del gobierno federal entre fines de 2018 y comienzos de 2019.

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