Internacional

HRW eleva a 75 la cifra de muertos en las protestas estudiantiles en Etiopía

La organización Human Rights Watch (HRW) ha informado de que al menos 75 personas han muerto por la violenta represión de las fuerzas de seguridad etíopes de las protestas de estudiantes registradas en la última semana en la región de Oromia, que rodea la capital, Adis Abeba.

Según un comunicado difundido ayer por HRW, las fuerzas de seguridad etíopes han matado a al menos a 75 personas que participaban desde el pasado día 12 en protestas en contra de un plan urbanístico que pretende integrar varios municipios de Oromia en la región.

El Gobierno etíope reduce las muertes a cinco, mientras que Amnistía Internacional cifró ayer en 40 los fallecidos en las protestas.

“Human Rights Watch no ha podido corroborar la cifra de muertos precisa ni muchos de los detalles de los incidentes individuales por el limitado acceso y las comunicaciones restringidas con las zonas afectadas”, puntualizó la organización.

El pasado martes, el Gobierno de Hailemariam Desalegn dijo que los manifestantes tenían una “conexión directa” con grupos terroristas extranjeros.

“Etiquetando a manifestantes pacíficos como terroristas y el despliegue de fuerzas militares es una escalada muy peligrosa”, advirtió el vicedirector para África de HRW, Leslie Lefkow.

Las protestas de los estudiantes comenzaron en Ginchi, una pequeña ciudad a 80 kilómetros al suroeste de la capital de Adis Abeba, cuando las autoridades trataban de arrasar un bosque donde se ha proyectado un proyecto de construcción.

Las protestas se extendieron rápidamente por toda la región de Oromia, lugar de origen de 35 millones de oromo, el grupo étnico más grande del país.

Aproximadamente dos millones de personas viven en el área afectada por el plan urbanístico de expansión de la capital, y muchos manifestantes temen que podría desplazar a agricultores y residentes oromo que viven cerca de Adis Abeba.

Testigos relataron a HRW que las fuerzas de seguridad dispararon a decenas de manifestantes en Shewa y Wollega, al oeste de Adis Abeba, a principios de diciembre.

En otras ocasiones, los policías golpearon y arrestaron a los manifestantes, a menudo sacándolos directamente de sus hogares por la noche.

Los servicios de inteligencia etíopes han acusado a los manifestantes de intentar “desestabilizar el país” y de tener un “vínculo directo con un grupo que ha estado colaborando con terroristas”.

El Ejecutivo etíope tomará “todas las medidas legales necesarias contra aquellos que intenten desestabilizar el sistema constitucional y legal, que garantiza la unidad y estabilidad del país”, advirtió el primer ministro el pasado jueves.

Protestas similares se registraron en abril de 2014, cuando también se produjeron muertes, heridos y detenciones masivas de manifestantes.

La ley Antiterrorista etíope permite a las autoridades utilizar un ilimitado uso de la fuerza contra los sospechosos de actos terroristas, incluyendo prisión preventiva de hasta cuatro meses, en los que a menudo se producen torturas, según activistas.

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