La Oficina del arzobispo de San Juan y máximo representante de la Iglesia Católica en la isla, Roberto González Nieves, emitió esta semana un comunicado en el que explica que el 21 de febrero pasado, ante una citación de la Fiscalía de San Juan, el líder religioso acudió personalmente para pronunciarse sobre los casos de abusos sexuales contra menores cometidos en la Arquidiócesis de San Juan.
González Nieves, que entregó el expediente interno del caso del sacerdote Raúl Sáez Muñoz, informó, de propia iniciativa, a los fiscales que existían otros cinco casos relacionados con abusos sexuales a menores dentro del ámbito de la Arquidiócesis de San Juan, a lo que se le indicó que en el futuro se le requeriría esa información.
“Me reitero en que ante el requerimiento formal del Departamento de Justicia este servidor entregará los expedientes solicitados. Confiamos en la discreción del Departamento de Justicia para proteger la integridad de las personas que han sido víctimas”, subrayó González Nieves a los fiscales, según recoge el comunicado.
El arzobispo indicó que la Iglesia Católica y el Estado deben ser “auténticos aliados” en un objetivo que, según dijo ante los fiscales, no solo toca a lo humano, sino también a lo espiritual.
Aclaró que solo tiene jurisdicción para entregar documentos de la Arquidiócesis de San Juan y que como presidente de la Conferencia Episcopal no tiene documentos ni expedientes de las demás diócesis y tampoco jurisdicción sobre las mismas.
“Cada obispo de cada diócesis responde directamente a la Santa Sede. Este servidor no tiene, ni como arzobispo de San Juan de Puerto Rico ni como presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, jurisdicción alguna sobre cualquier otra diócesis u obispo en Puerto Rico” , sostuvo.
Aprovechó la ocasión para pedir a toda la sociedad un esfuerzo para erradicar los abusos sexuales a menores.
González Nieves había negado en septiembre que se tratara de encubrir supuestos escándalos sexuales en la Iglesia Católica de Puerto Rico y en concreto en la Diócesis de Arecibo, municipio de la costa norte de la isla.
Dijo entonces tener conocimiento de la situación en Arecibo y que el obispo de esa diócesis, Daniel Fernández, había manejado correctamente el asunto en consenso con el Vaticano.
La propia Diócesis de Arecibo explicó hace dos semanas que el caso culminó con la expulsión de seis de sus sacerdotes.
La prensa puertorriqueña había señalado en septiembre que la situación se mantuvo en silencio hasta la remoción de su cargo del nuncio apostólico para República Dominicana y Puerto Rico, Jósef Wesolowski, investigado en el país caribeño y el Vaticano por supuesto abuso sexual de menores.
