El caso en cuestión es el de una pareja de dos hombres de 26 y 28 años, de clase trabajadora y que tienen seis años de vivir juntos, explicó Castillo.
El activista comentó que la pareja prefiere que se mantengan en reserva sus identidades y la fecha fijada por el para este mes de julio por el juzgado para que ellos y sus testigos acudan a declarar y a presentar las pruebas de su convivencia.
Según Castillo, el juzgado estableció llevar a cabo un proceso abreviado y podría tomar una decisión en agosto próximo, y no dentro de un año como calculaba la comunidad homosexual.
“Esto significa que vamos para adelante, que la ley es eficaz contrario a los criterios homófobos que decían que esto no podía ser posible. Sabemos que los jueces son un más neutrales y honestos”, aseguró Castillo.
El activista y abogado afirmó que la tramitación en el juzgado es “un triunfo muy importante para las organizaciones LGBT (Lésbicas, Gay, Bisexuales y Transgénero) de Costa Rica que hemos venido peleando a favor de nuestros derechos”.
Por medio de las uniones de hecho las parejas del mismo sexo buscan el reconocimiento de derechos como heredar uno de otro, asegurarse entre sí, acceder juntos a prestamos bancarios, visitas hospitalarias, entre otros.
El pasado miércoles seis parejas del mismo sexo acudieron a juzgados de familia de las provincias de San José, Heredia y Guanacaste para iniciar el proceso de reconocimiento legal de sus uniones de hecho, amparados en una ley que aparentemente lo permite.
Por el momento solo el Juzgado de Familia de Desamparados se ha pronunciado.
Según la interpretación de los grupos homosexuales y algunos círculos políticos, un artículo incluido en la ley de Reforma a la Ley General de la Persona Joven, que entró en vigencia el pasado lunes, permite la legalización de las uniones de hecho a las parejas del mismo sexo.
El artículo establece el “reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable”.
Esta semana la Iglesia Católica publicó un campo pagado en la prensa local en el que instó al Gobierno y los jueces a “defender los principios constitucionales que rigen a los costarricenses, a saber, que el matrimonio entre un varón y una mujer es la base esencial de la familia”.
Por su parte, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, abogó el jueves por “un debate con tranquilidad y mesura, sin estigmatizaciones y sin extremismo”.
