El ombudsman salvadoreño señaló que el estudio da cuenta de que en 80 años “la disponibilidad per cápita de agua” se reducirá en un 83% en esta nación, en la que unas 600 mil familias del área rural no tienen acceso al agua potable.
“El estudio estaría reflejando la progresiva degradación de nuestros mantos acuíferos, aguas subterráneas y el deterioro de nuestras cuencas, especialmente en el oriente del país”, detalló.
Por su parte, el experto que realizó el estudio, Julio Basagoitia, señaló que la disminución de la disponibilidad de agua no se debe solo a los efectos del cambio climático, sino también a la “eliminación de áreas boscosas, el avance urbanístico y una agricultura basada en monocultivos”.
“Las recomendaciones (del estudio) van giradas a que debemos de conservar nuestra cobertura arbórea” y “tener un giro en el paradigma urbanístico que tenemos”, señaló.
El experto expuso que en el 2016 “se han roto récords históricos” de disminución de los caudales de los ríos principales.
Añadió que en el país centroamericano existe una “contaminación legal” del agua el vertido de aguas residuales a los ríos que afecta al menos el 89% de las aguas superficiales.
“Hay acuíferos que ya exceden los estándares de poder ser potabilizados mediante métodos tradicionales, se tienen que usar tecnologías más desarrolladas”, sostuvo.
En este sentido, el procurador Morales acusó al Estado salvadoreño de ser “pasivo” ante esta situación.
“Estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo, estamos destruyendo nuestra viabilidad como nación y me parece inaceptable la pasividad del Estado”, señaló el procurador.
Morales fue más especifico y responsabilizó al Congreso que desde 1996 debate la creación de la Ley General de Aguas y de establecer el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.
Para el defensor, la “intervención” del Estado en la crisis del agua es “urgente”.
Alerta
El pasado 14 de abril el Gobierno salvadoreño decretó emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central, y puso a disposición de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) US$3.5 millones para construir cuatro nuevos pozos.
Por otra parte, la semana pasada, un ingenio azucarero derramó miles de galones de melaza de caña en el río Magdalena, en el occidental departamento de Santa Ana, lo que comprometió el abastecimiento de unas 400 familias y la muerte de la mayoría de los peces.
La contaminación generada por este derrame ha llegado hasta Guatemala.
