Hasta ahora, la fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur del país), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora exalcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y ha generado masivas protestas por todo el país que podrían aumentar a raíz de la brutal nueva confesión.
La noche del viernes, unas 300 personas se concentraron con velas en la emblemática plaza capitalina del Ángel de la Independencia y luego se desplazaron a la sede de la fiscalía, donde pintaron en la fachada: “#YaMeCanséDelMiedo”. “Siento impotencia, coraje, incredulidad a lo que dice el Gobierno que pasó, hartazgo”, decía Judit Ureña, madre de una niña de siete años.
Considerando que este caso que conmocionó al mundo ya escapa de promesas como las de Peña Nieto de hacer justicia, para el historiador Lorenzo Meyer, ahora “lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue? ¿Tan acostumbrada a que así son las cosas?”.
“El estado de ‘shock’ espero que no sea sólo mío, sino que sea compartido por mis conciudadanos. Si esto no produce un ‘shock’ entre nosotros, ya nada lo puede producir”, dijo Meyer.
Más de 80 mil personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.
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Los padres no bajarán la guardia
Por el momento, los agotados padres de los estudiantes son los primeros en prometer no “bajar la guardia” ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.
“Parece que el Gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero”, dijo Melitón Ortega, tío de un desaparecido.
En base a la confesión de los tres sicarios mostrada parcialmente en vídeos, el viernes, el fiscal general Jesús Murillo Karam explicó que los jóvenes fueron trasladados la noche del 26 de septiembre a un apartado basurero de la localidad de Cocula (vecina a Iguala), a donde algunos ya llegaron muertos por asfixia, y donde mataron al resto.
Allí, también quemaron los cuerpos durante 14 horas y colocaron los troceados restos calcinados en bolsas de basura que vaciaron en un río cercano.
El fiscal dijo que una de las bolsas fue encontrada cerrada y que, en su interior, fueron hallados restos humanos que, por su estado de calcinación, podrían no llegar a ser nunca identificados, aunque aseguró que se ha solicitado ayuda a expertos de una universidad de Austria.
Asegurando que sólo creerán esta versión si estos restos son verificados por un peritaje independiente de forenses argentinos, Ortega advierte: “Se quiere decir que aquí se acabó todo, pero nosotros estamos cada día más fuertes a pesar de la tortura y seguiremos incrementando el nivel de movilizaciones”.
Los aguerridos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) amenazaron el viernes con radicalizar sus protestas, que han incluido desde bloqueos de carreteras y saqueos a comercios hasta la quema del palacio de Gobierno en Chilpancingo.
El presidente se va a China
Y, mientras, el mantenido pero recortado viaje del presidente mexicano a China y Australia para participar en cumbres económicas como la del G-20 sigue levantando polvo.
Los padres lo consideran una falta de sensibilidad, mientras que analistas como el exoficial de inteligencia mexicano Alejandro Hope muestran sus suspicacias de que las nuevas revelaciones que el gobierno logró desde la detención de los sicarios hace doce días fueran reveladas un viernes y antes del viaje del mandatario.
“A mi me parece que hay un intento de administrar tiempos. Se guardaron información imagino que por razones que tienen más que ver con tiempos políticos”, estima Hope.
