La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló este 6 de julio contra la norma del gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana.

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La Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), se sumó así a la tesis ya expuesta por el juez federal Timothy J. Kelly de Washington, quien el pasado 1 de julio dictaminó que la regla del Gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación.

En un sentido similar, el magistrado de Apelaciones William A. Fletcher tildó este lunes la norma de “inconsistente” y apuntó que el Gobierno sólo puede exigir que los inmigrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con EE.UU. en que se comprometan a garantizar la seguridad de los solicitantes, así como a proveerles un proceso “completo y justo”.

La medida del “tercer país” fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado, y restringe la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.

Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan por Guatemala y por México, con lo que se pone virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Tanto el fallo de hoy como el del miércoles pueden tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses esta se encuentra cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.

De todos modos, los dictámenes suponen otro revés para las políticas migratorias de Trump, pocos días después de que el Tribunal Supremo determinara que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700 mil personas traídas sin documentos al país cuando eran menores de edad.

El máximo tribunal del país consideró que la decisión de poner fin a la Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés), como es conocido el programa, fue “arbitraria y caprichosa”.