El voto representa una importante victoria política para el presidente Barack Obama en su búsqueda de apoyo contra el Gobierno sirio.
El pleno del Senado someterá la medida a votación la próxima semana y quedará todavía pendiente un voto en la Cámara de Representantes.
Este es el primer voto del Legislativo a favor del uso de la fuerza desde octubre de 2002, cuando el Congreso aprobó la invasión de Irak en 2003, y de la cuarta vez desde la Guerra de Vietnam.
Obama pidió la autorización del Congreso para un ataque militar para castigar el uso, que considera probado, de armas químicas por parte del régimen de Bachar al Asad el pasado 21 de agosto, que, según EE. UU., dejó más de 1 mil 400 muertos.
La Administración de Obama ha argumentado en sendas audiencias ante el Congreso desde el martes que ese ataque no puede quedar impune y que la inacción conllevaría consecuencias aún más graves para la región.
Durante una sesión de casi dos horas, los miembros del comité debatieron y sometieron a voto varias enmiendas para moldear el texto definitivo de la resolución conjunta, con el objetivo de asegurar que, tal como ha prometido Obama, no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno.
El senador republicano por Arizona, John McCain, clave en este debate, apoyó la resolución solo después de que se aprobaron dos enmiendas suyas para “cambiar el ímpetu en el campo de batalla en Siria para crear condiciones favorables para un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto y conduzca a un gobierno democrático en Siria” .
McCain también pidió que, como parte de una estrategia integral de EE.UU. y con la coordinación de la comunidad internacional, se fortalezcan las capacidades “letales y no letales” de diversos grupos de la oposición siria, incluyendo el Ejército Libre Sirio.
El texto de la resolución, que fue acordada anoche, autoriza el uso de la fuerza contra Siria para “responder al uso de armas de destrucción masiva por parte del Gobierno sirio” en el conflicto civil en ese país; “impedir” el uso de esas armas para proteger los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y sus aliados, y “degradar” la capacidad de Siria de usarlas en el futuro.
La medida establece un límite de 60 días para una acción militar, aunque permite que el Ejecutivo lo extienda por otros 30 días, a menos que el Congreso lo rechace.
También prohíbe el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno para realizar “operaciones de combate”.
