Sin embargo, siguen vivas otras batallas por el gasto del gobierno a medida que la Casa Blanca y el Congreso elaboran un plan de gastos para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.
Los republicanos elogiaron el hecho de que Trump haya conseguido 15.000 millones de dólares en gastos adicionales del Pentágono, así como 1.500 millones de dólares en gastos de emergencia para la seguridad fronteriza _aunque no para el muro que ha prometido construir en la frontera con México para desalentar la inmigración ilegal_, y la extensión de un programa de cupones escolares en el Distrito de Columbia.
Trump también desea un enorme incremento en el gasto militar y recortes de similar magnitud a populares programas internos y a cuentas destinadas a asistencia en el extranjero.
El mandatario firmó el proyecto de ley pese a sus objeciones a numerosas cláusulas incluidas en la medida. Una de ellas le prohíbe al Departamento de Justicia emplear ningún fondo para impedir que estados y territorios estadounidenses implementen leyes sobre la marihuana medicinal.
En un pronunciamiento escrito que acompañó al proyecto de ley y en el que explicó sus objeciones, Trump dijo que se reserva el derecho de ignorar esa cláusula. Planteó la posibilidad de que el gobierno pudiera interponer acciones legales contra los estados y territorios que legalicen la marihuana con fines médicos.
Bajo las leyes federales, la hierba continúa siendo ilegal para cualquier uso. La Casa Blanca indicó previamente que se avecinaba una represión contra su uso recreativo.
“Trataré a esta cláusula consecuentemente con mi responsabilidad constitucional de encargarme de que las leyes sean aplicadas fielmente”, afirmó Trump en el pronunciamiento escrito, una herramienta que presidentes anteriores han utilizado para explicar sus posiciones en torno a los proyectos de ley de asignación de fondos.
El mandatario también se opone a una cláusula que controla la transferencia de prisioneros retenidos en las instalaciones estadounidenses en Bahía de Guantánamo, en Cuba. Pero la Casa Blanca dijo que esta objeción no debería ser vista como una modificación de políticas, sino como una declaración de su punto de vista de que en algunas circunstancias la cláusula podría entrar en conflicto con su autoridad constitucional y sus obligaciones.
Durante su campaña presidencial, Trump declaró que quería mantener abierto ese centro de detención. En un momento dado prometió “llenarlo con algunos tipos malos”.
El amplio proyecto de ley de 1.665 páginas también incrementa el gasto público en la NASA, la investigación médica y el FBI, así como en otras agencias policiales.
