“Si bien anticipábamos la culminación del acuerdo Flores, la prisa de esta Administración (del presidente Joe Biden) por ponerle fin sin una supervisión adecuada pone en peligro la seguridad de miles de niños”, dijo a EFE Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, una de las organizaciones que representa a los menores inmigrantes en el caso.
El “acuerdo Flores”, que se firmó en 1997 tras años de litigio, estableció que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores indocumentados por un largo periodo y que el Gobierno debe garantizar su cuidado, entre otras protecciones.
El pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de los inmigrantes sacar a la luz los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que ingresan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.
Welch advirtió que sin la protección del “acuerdo Flores”, los abogados ya no podrán reunirse con los menores migrantes “y actuar como guardianes para garantizar que se respeten y prioricen sus derechos”.
Como parte de su pedido para culminar con el acuerdo, el Gobierno de Biden ha presentado nuevas regulaciones para garantizar el cuidado de los niños migrantes, según Welch.
Y aunque la normativa “tiene ventajas”, pasan por alto de manera crucial el hecho de que miles de menores se encuentran en refugios sin licencia. “Tal como están las cosas, esta omisión deja a estos niños en riesgo de sufrir daños sin nadie que los cuide”, agregó la abogada, que aseguró que presentarán una petición para que se mantenga el pacto judicial.
La jueza Dolly M. Gee, del Tribunal de Distrito de California Central, que por años ha supervisado el ‘acuerdo Flores’ tendrá que dar una resolución sobre el pedido.
Esta no es la primera vez que el Gobierno estadounidense pretende poner fin o modificar el acuerdo, en 2018 el entonces fiscal Jeff Sessions pidió a Gee modificar el acuerdo de una manera que permitiera retener a los niños más allá del límite establecido. La petición fue negada.
Una solicitud similar hizo la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños solos que ingresaron al país en 2014.
El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de quince años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.
La expulsión se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense y comenzara un litigo que cobijó a todos los niños y derivó en el acuerdo.
