Ayer, el embajador de los EE. UU., Stephen McFarland, y el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, condenaron el clima de violencia electoral que impera en el país, y pidieron a las autoridades que brinden mayor seguridad.

McFarland calificó de “trágica” la muerte de Ovalle Barrera. “Es prematuro decir que el crimen es político o que esto se convierta en un patrón de la campaña electoral. Lo que sí es cierto es que esa violencia genera preocupaciones”, expresó.

También Morales lamentó la muerte del político y criticó el trabajo del Ministerio de Gobernación y del MP, que no logran identificar a los responsables de la ola de violencia que persiste en el país.

“Por eso todos los que participan como candidatos a un puesto público ponen su vida en riesgo, porque la impunidad es terrible”, expuso Morales.

El presidente del Congreso, Roberto Alejos, se refirió a este caso: “La muerte violenta de cualquier ser humano es repudiable, pero cuando tiene tinte político hay un agravante: se pone en riesgo la veracidad de un proceso electoral que debe ser garantía de la democracia de un país”.

Otros casos

La muerte de seis personas relacionadas con la política —de agosto del 2010 a la fecha— aún está en investigación en el MP, pero los primeros resultados señalan que no todos los casos tiene relación con esa actividad.

Según los investigadores, aunque los ataques se han registrado mientras las víctimas hacían proselitismo, hay detalles que más las ligan a sus actividades comerciales y familiares.

En ninguno de los procesos se tiene personas vinculadas o capturadas por esos hechos.

En el caso de Edwin Vega, alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, muerto el 10 de agosto del 2010, se manejan dos hipótesis: una por asuntos políticos, y la otra por algunos problemas que tenía en la comuna, por malos manejos.

El proceso por la muerte de Danilo Tello, síndico de Villa Nueva, aún se encuentra en investigación, pero los primeros indicios apuntan a que su muerte tiene relación con sus actividades personales.

Las pesquisas sobre el crimen contra la precandidata a la Alcaldía de Moyuta, Jutiapa, Mayra Verónica Lemus, se tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Vida de la capital, la cual asegura que aún no tiene una hipótesis final, pero que se han manejado dos: por venganza personal o por sus actividades políticas.

El proceso de Darwin Ramírez, aspirante a alcalde de Atescatempa, Jutiapa, se encuentra en reserva, pero las primeras hipótesis aseguran que su muerte pudo haberse debido a sus actividades políticas o que el ataque iba dirigido a una de las personas que lo acompañaban.

Prevén violencia

La PDH, en su informe del panorama electoral, informó sobre 20 muertos relacionados con la política, 15 heridos y 27 amenazados —al 31 de mayo último—.

Apenas ayer, César Cruz, candidato a alcalde de El Jícaro, El Progreso, por el Partido Unionista, fue atacado a balazos en Palencia, Guatemala, pero salió ileso. La Policía lo custodió hasta su casa en aquel municipio.

Además, tras haber escuchado a observadores electorales, la PDH alerta de la posibilidad de violencia el día de las elecciones en algunas comunidades, por lo que las autoridades han adoptado medidas preventivas.