La acción judicial responde a las demandas del Consejo de Administración contra Miguel Enrique Ruiz, gerente general de la Cooperativa; Geovanny Méndez Ramos, gerente de la agencia de la aldea Mariscos, Izabal; Carlos Eduardo Aldana Sosa, gerente de la agencia de Poptún, Petén; Juan René Sandoval, auditor, así como del contador Oliver Ludwing Castro.

A todos se les sindica de estafa y retención indebida, en un proceso donde hay unos ocho mil perjudicados.

Los afectados acudieron a la Comisión de Probidad del Congreso y a la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, para solicitar una auditoría forense.

También le pidieron a la fiscal general Claudia Paz y Paz que agilizara las pesquisas.

Las agencias de Mariscos y Poptún fueron cerradas por falta de fondos, para cubrir los costos de operación; además, se adeuda a la Superintendencia de Administración Tributaria impuestos del último trimestre.

El desfalco

El consejo de la entidad descubrió la semana pasada un desfalco por unos Q61.5 millones, que afectó a nueve mil cooperantes y 700 niños que depositaron sus ahorros.

Por ahora, las autoridades han detenido a Aldana y a Auder Alexánder Orellana Alonso, subgerente general.