En el año 2013 la iniciativa Más Mujeres Mejor Política presentó el estudio “Presencia de mujeres y hombres en el Estado de Guatemala —cargos por elección popular y nombramiento, 1985/2012—”, que recoge y sistematiza información sobre la cantidad de mujeres y hombres que han sido electos o nombrados en 43 instituciones estatales a lo largo de 27 años.

Las cifras muestran que durante este periodo “la presencia femenina en cargos de elección o designación ha tenido un escaso incremento; se mantiene estancada o es irregular (…) y es menor en la medida que el grado de responsabilidad del cargo aumenta y viceversa”.

Por ejemplo, en el Organismo Ejecutivo, para dirigir un ministerio o un viceministerio han sido nombrados 465 hombres (84.5%) y solamente 85 mujeres (15.5%). En relación con las corporaciones municipales, los datos son aún más dramáticos: en 27 años, del total de personas electas para integrarlas sólo 4 de cada 100 han sido mujeres. En el cargo de alcaldesas se contabilizan 35 mujeres (1.2%) frente a 2 mil 798 hombres (98.8%). Para el Congreso, entre 1985 y 2011, 95 mujeres y 788 hombres fueron electos o reelectos para ocupar una curul; es decir que en casi tres décadas el 10.8% de las diputaciones han sido ocupadas por mujeres y el 89.2% por hombres, y así podríamos seguir…

En el caso de la representación política de los pueblos indígenas se obtuvo información sobre la identidad étnica de las y los funcionarios únicamente en 12 de las 43 instituciones; quienes no entregaron información adujeron que se trataba de “datos considerados sensibles”. Aún con esta restricción, se pudo concluir que la población indígena —particularmente las mujeres— continúa siendo profundamente marginada en el ámbito político.

Este estudio arroja datos duros, cifras frías que demuestran —como les gusta a algunos— que siendo el 51% de la población las mujeres seguimos subrepresentadas y excluidas. Esta desigualdad tiene varias explicaciones que van desde el racismo, el machismo, y el patriarcado —en donde a la mujer se le asigna un rol inferior y su espacio se reduce al ámbito privado— hasta la forma en que en los partidos políticos chapines se “compran y venden” las candidaturas. Por estas razones la reforma a la Ley Electoral contempla varios artículos que intentan cambiar esta realidad, incluido uno que reforma el artículo 212, que establece la forma como se conforman los listados a cargos de elección.

En síntesis, esta reforma específica plantea que a través de la paridad (50% de mujeres y 50% de hombres en los listados) y la alternancia (no colocar indígenas y mujeres al final de las listas como relleno) se garantice la igualdad real en la participación y representación política étnica y de género, que no es más que una medida de acción afirmativa —temporal— orientada a contrarrestar las barreras que impiden que las mujeres y los pueblos indígenas estén equitativamente representados en los cargos políticos y la toma de decisiones.

Casi todos los países de América Latina han adoptado este tipo de legislación y han logrado disminuir la brecha de la desigualdad en el espacio político. Pero como siempre en Guatemala vamos con años de retraso y seguimos inmersos en discusiones ya superadas, en las que se han utilizado argumentos tan absurdos que no vale la pena siquiera responder.

A los cavernarios no podemos hacerlos entrar en razón, son caso perdido. Pero existen otros congresistas (incluidas algunas mujeres) que ante la evidencia abrumadora de la marginación y exclusión pueden reconsiderar su posición y votar la reforma al 212. Es un mero acto de justicia y concreción del principio de igualdad reconocido formalmente en la Constitución.

@MarielosMonzon