Guatemala tenía nueve millones de habitantes en 1986, con 2,3 millones de personas mayores de 15 años analfabetas; nuestro país ha luchado por erradicar la miseria educativa, pero la población crece un 3% anualmente, duplicándose cada 27 años.

En estos momentos tenemos 1,5 millones de analfabetas; pero solo un tercio de quienes aprobaron el primer año en el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) estudiaron los dos siguientes procesos de aprendizaje; estimo que hay 1,5 millones de personas que necesitarían regresar a las aulas y continuar con el estudio para que salgan de la miseria educativa.

En los últimos años únicamente se asignaron a Conalfa Q180 millones, cantidad ridículamente baja para la necesidad urgente de dar educación básica a la población más pobre.

Si vemos la situación de la red hospitalaria del país y los constantes problemas por los que ha pasado Salud Pública, por la falta de medicinas y pagos de salarios a quienes trabajan en ese ministerio, no puede dejar de causarnos un gran pesar y enojo a todos los guatemaltecos.

Es importante comparar el faltante al Fisco, con lo cobrado por la banda de ladrones que trabajaban en la SAT era de unos Q5 millones semanales, lo cual nos da Q260 millones anuales, más lo que dejaban de pagar los importadores cómplices, más el IVA de las importaciones no declaradas o con menor valor; nos da un valor que se estima llega a varios miles de millones de quetzales, que no llegaron al Estado.

La semana pasada, la prensa informó del golpe de Cicig a la estructura de contrabando de millones de quetzales, con la complicidad de personal de la SAT, capturando a 20 personas, después de más de un año de investigaciones, siendo liderados por el secretario privado de la vicepresidenta de la República, habiendo grabaciones que implican la participación de la misma e inclusive del jefe de ella. La sorpresa es que la justicia libera a varios capturados, con una multa de US$60 mil, que varios pagan inmediatamente. Eso es una burla. Si se robaron cientos de millones, que costaron al Estado miles de millones de quetzales, no debería haber fianza, debería haber juicio rápido para determinar si hubo o no culpa.

Las importaciones han subido por lo menos 5% anual, a pesar de lo cual, lo ingresado ha disminuido otro tanto, lo que no es lógico y confirma la falta.

Esta es la segunda vez que la Cicig juega con el pueblo de Guatemala. En el asesinato de Rodrigo Rosenberg crearon pruebas y videos durante más de seis meses para proteger a quienes lo asesinaron, comentándose en la calle sobre un pago de seis millones de quetzales a Carlos Castresana y del asesinato de una persona que vio cuando le pagaban.

Esta vez, ante el inminente rechazo del gobernante para continuar con la farsa, reaccionan capturando a miembros de la SAT, después de año y medio de investigación, acusando al aparente jefe de la misma, quien con protección de la vicepresidenta se dio a la fuga.

La Cicig no trabaja para el pueblo donde funciona, ya que trabaja y protege las faltas y los malos manejos de sus contratistas, los gobernantes de las repúblicas.

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