CABLE A TIERRA

Abominable recurso

Karin Slowing karin.slowing@gmail.com

¿Por qué en Guatemala se encarcela, intimida o se mata a las personas que están ejerciendo la potestad de defender su territorio y su hogar? ¿Por qué estigmatizar a las personas que de manera no violenta intentan conservar lo poco que el modelo de desarrollo vigente les ha permitido, y que en la mayor parte de casos no les permite siquiera una vida digna?

¿Por qué involucionamos a un ritmo tan estrepitoso? ¿No aprendimos nada de la guerra interna que vivimos por casi cuatro décadas? No es solo la corrupción la que nos corroe. Lo hace cada asesinato que se comete como recurso de intimidación; cada persona que va a prisión, porque no piensa como supuestamente se “debería”; porque se opone a un patrón de desarrollo del cual no constatan el beneficio en sus comunidades. ¿Es tan difícil entender eso?

El domingo 5 de abril, no importando que fuera Domingo de Resurrección, acribillaron a Telésforo Pivaral González, integrante del Comité de defensa de la vida y la paz de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa. Con su asesinato quedaron seis niños huérfanos y una comunidad doliente y amenazada por la más deleznable de las prácticas para aplacar el disenso e infundir temor: el asesinato de quienes piensan diferente. El 24 de marzo, Pascual Pablo Francisco, líder comunitario de Barillas, Huehuetenango, fue encontrado asesinado, luego de tres días de desaparecido. Son apenas dos casos recientes, de una lista ya demasiado larga de líderes y lideresas comunitarias que han sido asesinados, maltratados, amedrentados o encarcelados, que estaban activamente involucrados en la defensa de su territorio, de sus comunidades y hogares. ¿El pecado de estas personas? No compartir la perspectiva de que generar más riqueza, y menos si ella queda concentrada en pocas manos, se pueda considerar desarrollo. En lo correcto o no, bajo ninguna circunstancia tendrían por qué sucumbir de esta manera.

Al terror aplicado contra la población en las comunidades se suman los asesinatos y amedrentamiento a periodistas, columnistas, directores, reporteros y medios de comunicación, incluidos en estos las radios comunitarias. Precisamente es una de Huehuetenango, de Santa Eulalia, la que fue arbitraria y violentamente cerrada por una autoridad municipal envilecida. La cleptocracia y la defensa de intereses particulares desde el Estado se han entremezclado, gestando una combinación altamente explosiva.

Para nada contribuye tampoco que están proliferando los cuerpos privados de seguridad en el área rural. Contrario a lo que pudiéramos imaginar los citadinos, según estimaciones hechas por el analista Francisco Rodas, a partir de la última ENEI, del total de personas que labora en “servicios de protección” el 47% lo hace en el área rural; el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala ocupa tan solo un 27% de esta fuerza. ¿Tendrá idea el Mingob de cómo están operando estas fuerzas privadas en el campo? Ya hemos tenido ejemplos de la prepotencia y arbitrariedad con que pueden actuar frente a las comunidades. A eso se le suma una fuerza pública que se ha mostrado fácil para volcarse en contra de los ciudadanos.

Esta espiral de violencia debe detenerse ya. El Estado está violando nuevamente su obligación de proteger la vida. Esto no puede seguir pasando desapercibido. No es posible que veamos con indiferencia que se perpetúan estos hechos de violencia contra la población, mientras condenamos con vehemencia lo que acontece en otras latitudes.

Y los políticos: ¿pretenden los votos, pero no importan las vidas?