Las mesas de diálogo que se han establecido han servido más como una estrategia dilatoria  que como un mecanismo real de resolución de los conflictos, y la compra de voluntades ha estado a la orden del día, igual que la utilización del derecho penal como herramienta disuasiva contra quienes ejercen la defensa del territorio y el ambiente.

Nadie dice que la violencia es la salida frente al descontento y tampoco que la justicia no se debe aplicar cuando la ley se haya infringido; pero lo que no se vale es armar casos inventados contra líderes e integrantes de la resistencia para obligarles a ceder y dar una muestra de lo que puede pasarle a quien alce la voz contra las empresas. La debilidad de nuestro sistema de justicia es pública y notoria, la facilidad que tienen los sectores de poder de lograr resoluciones a su favor, también lo es.

Además, hay una desventaja clarísima entre las empresas que pueden gastar enormes sumas de dinero en equipos de abogados para dilatar los procesos a través de amparos improcedentes o compra de voluntades, frente a la pobreza de los campesinos e indígenas que apenas si tienen el mínimo para subsistir. En eso también pesa la desigualdad.

El caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, condenados en primera instancia a 33 años de prisión,  es un ejemplo que ilustra a lo que me refiero. Ambos fueron detenidos durante el estado de Sitio que se impuso en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,  en el   2012. Después de un año de prisión, recuperaron su libertad por falta de pruebas. Como continuaron oponiéndose a la presencia de la empresa Hidro Santa Cruz, nuevamente se les capturó, pero esta vez bajo cargos de femicidio y asesinato. La esposa de uno de los capturados asegura que mientras estuvo la primera vez en prisión, a su compañero de vida se le advirtió que debía cejar en su oposición o sería acusado como partícipe de un linchamiento ocurrido en el 2010. Dicho y hecho.

La lectura del expediente judicial denota vicios de forma y de fondo durante el proceso; la Fiscalía no pudo aportar pruebas de su participación en los hechos, extremo que debiera ser suficiente para que una sala de apelaciones anule la sentencia y el caso se revise.

Este país no se puede dar el lujo de seguir permitiendo que el Estado y sus instituciones actúen en contra de sus ciudadanos y que el sistema de justicia se convierta en la mejor herramienta para terminar con la resistencia pacífica, derecho legítimo de los pueblos.