La mejor respuesta que encontró Alejandro Maldonado Aguirre a los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) —que señalan que más de 9 millones de guatemaltecos viven en pobreza— fue aprobar un ínfimo aumento al salario mínimo y dar paso a los salarios diferenciados. Nada de extrañar, tomando en cuenta su pasado político y las resoluciones que firmó siendo magistrado de la CC.

Este señor fue incapaz de impulsar una sola medida transformadora (el sistema de compras de medicamentos, por ejemplo) y por el contrario se dedicó a dejar pasar el tiempo. Sin embargo, a última hora y cuando sus días al frente del Ejecutivo están por terminar, decidió estampar un sello a su gobierno muy acorde a la trayectoria antiderechos que le precede. Al fin de cuentas, Maldonado representa a la derecha más conservadora del país y nada le cuesta seguir sus dictados.

Los acuerdos gubernativos 304, 305, 306 y 307 (2015) publicados en el diario oficial el 31 de diciembre —a manera de regalo de año nuevo— fijan un salario mínimo diferenciado para las y los trabajadores de las industrias de manufactura ligera para la exportación que se ubiquen en los municipios de Masagua (Escuintla), Estanzuela (Zacapa), San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), y abren la puerta para la regresión de las conquistas laborales en Guatemala.

El monto del salario mínimo fijado para estos cuatro municipios es de Q1,954.95 mensuales (Q579 menos que la cifra aprobada en el resto del país para el mismo tipo de actividades). De por sí el salario mínimo aprobado para 2016 no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica vital y condena a los trabajadores a ser eternamente pobres, aunque laboren de sol a sol.

Así lo entendió el ex viceministro de Trabajo Marlon Denis García y García, quien se negó a firmar los acuerdos y fue destituido de inmediato por el presidente. Irónico, pero este funcionario de segunda línea será mejor recordado que un mandatario, que habiendo presidido el tribunal constitucional, desobedece una de sus resoluciones. Recordemos que los acuerdos anteriores (471-2014, 472-2014, 473-2014 y 474-214), que fijaban salarios diferenciados, fueron suspendidos por la CC en enero del 2015 y declarados inconstitucionales en el mes de septiembre, por contravenir derechos fundamentales y ser discriminatorios.

En aquella oportunidad, los Relatores de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y sobre pobreza extrema y derechos humanos recalcaron que el salario mínimo diferenciado obstaculiza el desarrollo sostenible, y recordaron que “la explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social”, echando por tierra el argumento de las cámaras empresariales sobre la necesidad de hacer de Guatemala un país “competitivo” para la inversión sobre la base de salarios de hambre.

La experiencia de países como Uruguay, Australia o Noruega demuestra que para lograr un crecimiento con equidad, el salario es una variable básica. En palabras de José Pepe Mujica: “El salario es la principal política social y la manera más directa de distribuir la riqueza”.

Pero está claro que en este país-finca los derechos laborales —incluido aquel básico de igual salario por igual trabajo— importan un bledo cuando de satisfacer la agenda del poderoso sector económico se trata. No les basta con las exoneraciones fiscales, ni con la risible carga tributaria que dizque pagan, quieren reducir aún más los miserables sueldos en aras de la competitividad y ahí está el ciudadano presidente dictando acuerdos gubernativos a la medida para hacerles los mandados.