Recuerdo —como que fuera ayer— la estampa de los judiciales tras el edificio de la Cruz Roja con sombrero de petate y poncho, para esconder armas que todos los domingos al regresar de dejar a mi abuela teníamos que ver, así como el comentario certero: así estaban vestidos los cobardes que mataron a Cuca López Larrave. En fin, un tiempo en donde pensar distinto era sinónimo de insurgencia y en donde el debate apestaba a prohibido.

Me alegro de que mis hijos tienen un país en donde existe mayor libertad de pensar y actuar, pero también me aflige que, al parecer, como sociedad, nos negamos a reconocer las causas que originaron el conflicto. Hemos perdido la capacidad de asombro, y si bien la mayoría condenamos la violencia, muchos están dispuestos a convivir junto a ella. La administración de justicia se convirtió, en estos momentos, en una actividad digna de diseñadores de laberintos porque los abogados pasamos meses y años discutiendo formas para evadir fondos.

Los compromisos asumidos por el Estado como tal en los acuerdos de paz son irrenunciables e insoslayables o los retomamos o seremos una sociedad condenada estúpidamente a repetir el pasado.

En la cercana Nicaragua y en la lejana Rusia se ejecutan descarados fraudes electorales, sin que exista reacción válida; por tanto, también nosotros podemos ser víctimas de ello.

Nuestra justicia no tiene ninguna capacidad de prevención de violencia, la conflictividad agraria y la precariedad en la titularidad en la propiedad es evidente, la falta de respeto a los más elementales derechos laborales se ejecutan desde el Gobierno, la salud y educación son verdaderos artículos de lujo, y en ambos casos no se logran resultados satisfactorios.

Estoy convencido de que Guatemala es mejor que la que existía al yo nacer, por tres motivos: se puede opinar libremente, los conflictos sociales se pueden debatir —que se logre poco, es por falta de voluntad— y existen verdaderos procesos para el involucramiento de la mayor cantidad de ciudadanos. Sin embargo, el horizonte económico y social siguen siendo desconsolador y digno de aflicción.

Nuestro compromiso debe ser la construcción de ciudadanía. Si en eso fallamos, olvidémonos del Estado de Derecho, procesos de desarrollo, combate de la corrupción, transparencia en la contratación pública, instauración de un sistema de servicio civil, reforma fiscal, alto a la violencia y un largo etcétera. Exijamos, opinemos e involucrémonos; de lo contrario no estemos lamentándonos de no saber valorar lo que hoy tenemos, que aunque precario, mejor de lo que había.