No me refiero al Lago de Amatitlán, sino, parafraseando al Papa Francisco, a todos los actos de corrupción que se han vuelto la constante en este país, sobre todo en los últimos tiempos.

A veces pareciera que los guatemaltecos hemos asumido la corrupción como parte del sistema y vemos la característica de corrupto como inherente a los políticos, y entonces poco o nada hacemos ante el asalto de la cosa pública. Se ve como parte del paisaje el sobreprecio en obras y medicamentos, la corrupción en las aduanas o las compras por excepción, obviando los procedimientos. Se perdona al político ladrón que en algo ha ayudado a la gente, por aquello de que roba, pero algo hace. Y así francamente no vamos a ningún lado.

Quizá porque acá todo se disculpa y se olvida es que los políticos de turno han llegado al extremo del descaro, vendiéndole a la población una agüita mágica que nos ha costado millones, para dizque limpiar el Lago de Amatitlán. O no tienen empacho en que sus hijos muestren a través de las redes sociales sus lujos y derroches, a costillas de los negocios que sus progenitores hacen con los recursos del Estado, que son los nuestros.

Pero lo que verdaderamente llora sangre es que en aras de seguir llenándose los bolsillos y viviendo como “ricos y famosos” se esté poniendo en peligro la vida y la salud de la gente. Eso es absolutamente inaceptable. El reportaje de diario el Periódico (22/3/15) sobre la adjudicación que hizo el IGSS del servicio de hemodiálisis para pacientes con padecimientos de riñón, a una empresa que no cumple con los requisitos para garantizar el tratamiento, no puede permitirse.

La denuncia realizada por la organización Acción Ciudadana da cuenta de una serie de anomalías que van desde el cambio de fecha para la presentación de papelería, que habría beneficiado a la empresa que terminó siendo elegida, hasta el incumplimiento de las bases del concurso. Es muy sospechoso, además, que la empresa que obtuvo seis días antes de la adjudicación su licencia sanitaria, fuera la beneficiada. El fondo del asunto es el que resulta grave, si la prestación del servicio de hemodiálisis no es la adecuada, los pacientes renales pueden morir.

Por eso es urgente la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos, ante la cual los pacientes del IGSS interpusieron una denuncia, y cualquier otra acción que devuelva a los enfermos la garantía de que el tratamiento que recibirán cumple con las calidades necesarias para garantizar su vida.

Además se impone el inicio de una investigación por parte del MP para determinar si se dio algún ilícito en todo el proceso y llevar ante la justicia a los responsables, porque la corrupción en última instancia es un delito, pero también una violación de derechos.

Volviendo al Papa Francisco: “La corrupción apesta, una sociedad corrupta apesta, y un cristiano que deja que la corrupción se quede con lo mejor de él (y yo agrego, de ella) también apesta”. ¿Hasta cuándo, entonces, dejaremos que nos ganen los apestosos?