Por primera vez en la historia del país, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial es presidido por una persona con ascendencia indígena. Años de lucha han pasado para que, por fin, la enclenque institucionalidad haya dejado a un lado la exclusión que nos caracteriza.

En la primera mitad del siglo XX, para ser servidor público había que ser cómplice del silencio y convertirse en partícipe de dictadores. Desde 1954 a 1986 se privilegió a quienes pensaban solo de una forma, fue tan absurda la dinámica estatal que ni artistas podían vivir en esta tierra y la emigración fue la regla. Que lo digan Asturias, Cardoza, Mérida, Monterroso, Monteforte y tantos otros.

Con la apertura democrática vinieron nuevos reacomodos, en donde gana la “mara del partido”. Cada gobierno llena de adeptos las filas del servicio público. Todos los gobiernos democráticos han privilegiado las contrataciones provisionales y no hay carrera administrativa.

El Organismo Judicial, bien o mal, había guardado distancia y conservado cierta estructura de permanencia. Muchos han pasado por juzgados y cortes por toda una vida. Ser Juez en cualquier parte del mundo debería ser el más alto honor para cualquier abogado.

Esta columna es de esas líneas que uno espera con todo ahínco equivocarse, y si lo hago, desde ya van mis disculpas, pero al parecer estoy lejos del error. Con espanto ha salido a luz pública que en el Organismo Judicial, bajo la presidencia del magistrado José Felipe Baquiax, existe purga contra quienes son disidentes de la nota dominante en la gestión administrativa, y esto no puede tolerarse porque atenta contra la dignidad del juzgador y de nosotros mismos como ciudadanos.

Juezas reconocidas por capaces y honradas son trasladadas de sorpresa a lugares lejanos para asegurar la desintegración familiar y obligar una renuncia. Su pecado: mostrar en forma pública su rechazo a la forma en que nuestro corrupto Congreso procedió a la elección de las cortes.

Se pretende llevar diferencias al seno de la gestión administrativa de un organismo del Estado y esto es absurdo, la pírrica carrera judicial, comprometida por un fallo hiperdiscutible de nuestra Corte de Constitucionalidad no puede tener otra embestida.

Mucho esfuerzo ha pasado para que un juez de carrera, honrado, capaz, de occidente, de ascendencia indígena y, sobre todo, reconocido por ser portador de un verdadero esfuerzo personal, ocupe la silla de presidente del Organismo Judicial, para que bajo su presidencia existan acciones represivas.

Hay impresentables togados condenando inocentes y de ellos deben ocuparse. Ojalá recapaciten los responsables, empiecen por el inicio y exista un baño de democracia e instintos republicanos. Si ello no ocurre solo hay una opción: defender lo que nos queda con la Constitución en la mano, que ya de abusos este pueblo está harto.