La ciudadanía exhibe satisfacción por el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha provocado esa complacencia. El comisionado Iván Velásquez Gómez, con pulcritud profesional, ha fortalecido las capacidades del Ministerio Público para reforzar la ley, al desarticular un cuerpo paralelo clandestino, dirigido desde los más altos cargos del Ejecutivo. Esto demuestra su compromiso por la prevalencia del Estado democrático de Derecho, por encima del crimen organizado.

El agradecimiento ciudadano debiera traducirse en la continuación de actividades de la Cicig para trasladar, no solo competencias y habilidades, sino su motivación ética para todos los fiscales. Muchas veces, la primera destreza adquirida por estos funcionarios consiste en no compadecerse de los autores de un delito; que se convierte, desafortunadamente, en falta de humanidad. Miles de pobres que cometen errores son enjuiciados sin piedad. Los centros de detención lo muestran: están poblados de miserables. En cambio, los delincuentes de cuello blanco y los influyentes encuentran caminos para la impunidad. Por ello, la actuación de un grupo de fiscales, apoyado por expertos pagados con fondos internacionales que no comprometen en nada al país, provoca un entusiasta apoyo de las personas honradas.

La corrupción en aduanas debiera generar rechazo a la permanencia de los responsables del Ejecutivo, en contra de la conspiración de los cleptócratas que, con maniobras güizachescas, buscan anular las elecciones. En efecto, la preparación de la acción criminal es repugnante. 1) destituyeron a un profesional con alta formación académica en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 2) Hacen intervenir a los militares para evitar cualquier resistencia a la imposición de la camarilla mafiosa, en los altos cargos de SAT. No les importa enlodar al Ejército de Guatemala, al ordenarle interferir en el ámbito civil, que le debiera ser ajeno. 3) Implantan la estructura mafiosa donde han reclutado antiguos paramilitares que operaron con impunidad durante el enfrentamiento armado. 4) Conforman un grupo de recepción de denuncias, no para combatir la corrupción, sino para descubrir a los inconformes, con el objeto de amedrentarlos posteriormente, a través de amenazas o acción de grupos subordinados del “crimen común”. La titulan pomposamente Comisión Nacional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Conacon), que dirigen los mismos contrabandistas, defraudadores y extorsionistas.

Ahora, cuando se pague en la SAT, no importa que rebusquen, para establecer multas y retardos. Los ciudadanos saben que una parte se destinará a los salarios de fiscales que elevan la moral pública y otra se traducirá en servicios para garantizar los derechos declarados en la Constitución Política.

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