¡Que sus aciertos tan iluminadamente brillantes y sus desaciertos invisibles como el negro de la oscuridad! Que no hay otra como ella, y el que viniese será un agente del inframundo con telefonía abierta a satanás. Descontado está encontrar un sustitut(@) que llene sus zapatos.

Olvidados están los memos de su despacho cambiando los delitos de invasión de fincas —léase usurpación agravada, por “ocupaciones pacíficas”—. Guardando polvo están los cientos de casos de grupos contestatarios asaltando a hidroeléctricas y minas que en el paroxismo de su supuesto “derecho de protesta” secuestraron a policías, les quitaron sus armas y en guinda de pastel de revoltosos quemaron hoteles, vapulearon a militares, robaron fusiles de alto calibre. No se mencione a los que se quedaron con un camión lleno de explosivos de una de las minas. Toda esa mara bochinchera —porque no son campesinos dignos protestando una causa noble— no fue capturada. La Fiscal lo impidió. Andan libres y campantes, sin ningún temor y con la absoluta certeza que la abeja “reina” los protegerá. Al fin y al cabo, como ellos mismo dicen, “es una de las nuestras”.

¿Qué le pasa a un campesino de algún municipio alejado con urgencia de poner una denuncia? Tiene que transportarse a la cabecera a costo alto, tiempo largo y jornada incómoda, para encontrarse con un sistema ineficaz e ineficiente. Porque solo operan delitos de alto impacto. Pero “el grueso de las denuncias que llegan al (MP) por delitos que afectan directamente al “ciudadano de a pie”, se pierden entre los miles de expedientes que cada año ingresan a la Fiscalía. De enero a noviembre del 2013, el MP recibió un total de 377 mil 865 casos, pero luego de una serie de filtros y depuraciones este número baja a 153 mil 777, equivalente al 41% de las denuncias”. SV21/27/02/14. Encontrar las estadísticas verdaderas seguirá siendo un misterio cósmico resguardado hasta el ultimo día por los arcángeles de la fiscalía general.

Tampoco se sabe de la denuncia que tiene la Fiscal General, por no haber cancelado una deuda de Q204 millones por un contrato incumplido y dos órdenes judiciales que la supuesta defensora de la justicia reiteradamente ha venido desobedeciendo, hasta el punto de tener que enfrentar antejuicio por desobedecer una orden del Juzgado Décimo de Primera Instancia, según ordenó la Corte de Constitucionalidad sobre la nulidad interpuesta de ese ministerio en contra de la resolución que manda “certificar lo conducente”, a fin de que un juez del orden penal instruya “la averiguación penal en contra del funcionario del MP que resulte responsable en el proceso en la vía de apremio No. 01042-2011-0302”. Los delitos que enfrenta son: abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes, malversación, resoluciones violatorias a la Constitución, entre otros.

Pero ayer se presentó en la Corte de Constitucionalidad para hablar de justicia y obediencia a la ley.

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