Utilizó escuadras de alto calibre con tolvas de capacidad incrementada e incluso llevaba un fusil de asalto, todas correspondientes a equipo militar; lo más irónico es que dichas armas fueron adquiridas legalmente y pertenecían a su madre, quien fue su primera víctima.

Este hecho sacude la conciencia norteamericana y provoca el debate sobre el control de armas pues derrumba todos los falsos argumentos que hasta el momento ha sostenido la Asociación Nacional del Rifle (NRA), principal organización que aglutina a los propietarios de armas y el más fuerte y millonario “lobby” de US$17 millones al año ante el Congreso.

Este lamentable hecho está forzando a la población de Estados Unidos a reconocer que no hay forma de regular que las armas sólo puedan ser compradas por las personas “adecuadas”, en salud mental y sin antecedentes de violencia o delictivos, y que no sean criminales o parte del crimen organizado. Esas regulaciones no hubieran salvado a esos niños pues, en un país con libre tráfico de armas, éstas caen en manos de cualquiera e inevitablemente llegan principalmente a las manos de los criminales.

El presidente Obama ha anunciado el inicio de una discusión sobre nuevas regulaciones en la adquisición de armas.

Para Estados Unidos el derecho de portar armas se establece en la segunda enmienda de la Constitución, por lo que algunos lo ven como un derecho inalienable. Lo que no quieren reconocer es que el tiempo ha cambiado y que, así como en la independencia solo eran ciudadanos los hombres blancos propietarios de tierra, y posteriormente se dio la emancipación de los esclavos y el voto de las mujeres, también deberá cambiarse esta enmienda para actualizarla a los tiempos reales.

Los países que han logrado prohibir el tráfico de armas como Canadá, Inglaterra o Japón han logrado reducir sustancialmente los hechos de violencia. Mientras en Japón hubo en un año 11 muertes, en Estados Unidos hubo doce mil.

Lo anterior implica establecer un nuevo pacto social en el cual se haga de la justicia el único ente mediador que puede resolver los conflictos, pero además implica fortalecer la justicia y la institucionalidad del Estado y no privatizar la seguridad. En Guatemala las élites políticas y económicas optaron por la privatización de la seguridad y por resolver los conflictos a su manera.

Esta Navidad es la oportunidad para reflexionar y que retomemos la posibilidad de celebrar la vida y dedicarle el futuro de Guatemala a nuestras niñas y niños.