Podrá ser políticamente incorrecto criticar en estos momentos en que la cabeza de playa internacionalista se encuentra asentada cómodamente a nivel de cuasi ocupación en todos los poderes del Estado, pero el hecho es que la intromisión se ha vuelto tan grosera y altisonante en los últimos días que ondean —en todos los círculos del sector privado— cada vez más banderas amarillas.

Varias piedras se han ido agregando a la pirámide últimamente: el desproporcionado operativo, la semana pasada, para capturar al hijo y al hermano del presidente Morales. Se prefirió ese burdo montaje de alto perfil mediático en vez de hacerlo de una manera más mesurada y sin tanta tracción pública.

Esto era un gesto de elemental cortesía al Jefe de Estado, por las implicaciones políticas inherentes al desempeño de su cargo, pues lo que le acontece al presidente afecta la gobernabilidad de la Nación. Era, por lo tanto, una deferencia debida, especialmente porque la cuantía y el tipo de delito imputado, más la presunción de inocencia, hacía factible otorgar una medida sustitutiva. Nadie estaba pidiendo impunidad; todo lo contrario.

En contraposición, hay “n” cantidad de mafias y maras enquistadas en el gobierno, el Congreso —en los ministerios con presupuestos de barril sin fondo—, en sindicatos y redes clandestinas, operando sin ningún impedimento y en la mayor impunidad, pero no se ve una valoración de seguimiento proporcional.

El trato preferencial levanta las cejas porque se opta por el teatro, la luz y las cámaras para mancillar políticamente al dignatario de la Nación… —porque esta opción tiene más tracción mediática y por supuesto mayor capital politiquero para la hoja de ruta colectivista.

A la semana siguiente, la oficina del comisionado Iván Velásquez envía a los jefes de bancada una invitación para asistir el jueves 26 de los corrientes a una reunión para “sostener un intercambio sobre la reforma constitucional en materia de justicia y sus perspectivas en el Congreso de la República”.

Esta interferencia, de suyo insólita, invitando a jefes de bloques para discutir temas de alta hipersensibilidad política afuera del parlamento, solo puede interpretarse como una intromisión indebida e impertinente para presionar la aprobación de las reformas constitucionales, en cuya redacción se cumpliría el codiciado anhelo de los colectivistas de tomar el poder sin necesidad de requerir un solo pulgar manchado de azul electoral.

Basta ver la magnitud, la trascendencia y el alcance político que tiene para Guatemala, para entender la razón de tanto interés en aprobar las reformas constitucionales, las cuales contienen la agenda progresista ya ampliamente discutida:

A) Las implicaciones de los derechos ancestrales indígenas y sus enfoques separatistas inconstitucionales. B) El empoderamiento del Consejo Nacional de Justicia, agregándole la función de autoridad nominadora de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y dominio en el nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad; consejo que sería dominado por el Organismo Judicial con nombramiento directo e indirecto de 8 de sus 10 miembros, y C) Al sujetar la suspensión del cargo del Fiscal General de la República hasta el momento en que se dicte auto de procesamiento, le confieren “impunidad”, pues le están permitiendo ser juez y parte, porque le tocaría acusarse a sí mismo, hacer investigación de su propio caso, y solo podría removerse cuando hubiese sentencia ejecutada en su contra, lo cual lo hace “inamovible”, dado que ese trámite terminaría al vencimiento de su periodo.

Con tal control del poder Judicial —y el vacío favorable a la distensión social— se puede anticipar un severo recrudecimiento de la ingobernabilidad, restricciones al desarrollo energético y minero, conflictos agrarios, invasiones y violaciones a la libre locomoción. Adiós inversiones…

No hay un solo ejemplo exitoso de gobiernos colectivistas en la historia de la humanidad, solo un reguero de sangre y pobreza.

Nunca aprenderán la lección…

alfredkalt@gmail.com