Ayer fenecieron los 1,460 días que nos retrocedieron décadas en materia de democracia y desarrollo. Hoy arrancó ya el nuevo ciclo de 1,460 días de gobierno y habrá poco tiempo de solaz. ¿Cuánto? Dependerá de cómo el presidente Giammattei decida equilibrar sus compromisos con los distintos sectores de poder que lo llevaron a la Presidencia, con la agenda de necesidades y demandas de la mayor parte de la población que la está viendo a palitos para salir adelante. Estoy clara en que no se vislumbra en el horizonte una agenda orientada a la ampliación de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos para la población, pero sí que deberíamos exigir que, mínimamente, desde el Organismo Ejecutivo se detenga la caída en picada que lleva el país. Para ello se necesita esencialmente trabajar en cuatro objetivos muy claros y medibles: 1. Mejorar los ingresos reales de los hogares y de las comunidades en el área rural, y los de las capas bajas y medias urbanas; 2. Reactivar de la lucha contra la corrupción dentro del Estado; 3. Recuperar y ampliar los servicios públicos esenciales (salud, educación, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones) como mecanismo compensador principal de la brutal desigualdad económica persistente. 4. Detener la depredación y destrucción ambiental y de los recursos naturales, así como la enajenación de nuestro patrimonio cultural y arqueológico.

No veo otra manera de reducir permanentemente la desnutrición crónica de la niñez, detener la emigración y sentar las bases para una eventual transformación de la matriz productiva del país. Esta agenda puede parecer utópica o demasiado “progresista” para algunos, pero en realidad son mínimos que permitirían que la sociedad se restablezca y vuelva a ser un poco más viable y gobernable, además de un lugar digno para todos, donde podamos vivir en paz.

Si, por el contrario, la que termina imponiéndose es la agenda de la “restauración conservadora” a la que algunos politólogos han hecho referencia durante los últimos tres años, donde los poderes fácticos del país se empeñan en que el gobierno dé prioridad a consolidar su hegemonía (la de ellos), se garantice su impunidad y sus privilegios, y persista la tónica de la concentración de activos económicos en sus manos, y la explotación sin fin de los recursos naturales, este va a seguir en picada por más tiempo. Tal vez, dentro de cuatro años, los daños sean ya totalmente irreversibles.

Buscar equilibrios entre las fuerzas que empujan en una y otra dirección es su desafío como gobernante, doctor Giammattei. Rutas para lograr los cuatro objetivos previamente señalados existen; esos “cómo” deberían ser el corazón de la discusión y de los acuerdos políticos a alcanzar durante los próximos cuatro años. Que no sean acuerdos solo entre élites, sino incluyendo a la población en general.

A la par, volver a hacer funcionar el aparato público. En ese contexto, sugiero enfocarse en siete instituciones que son clave para el debido funcionamiento de todo el aparato público. Cinco son del Ejecutivo: Ministerio de Finanzas, Segeplán, Oficina de Servicio Civil (Onsec), el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap) y la SCEP (gestión del sistema de consejos de desarrollo). Cada una de estas tiene una función neurálgica que afecta el desempeño de todas las unidades ejecutoras (ministerios) del gobierno central y de los gobiernos locales. Las otras dos son la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) que, como hemos visto, está igualmente cautiva, como el resto del Estado.

El sentido de continuidad o de discontinuidad entre el nuevo gobierno y el gobierno nefasto de Jimmy Morales dependerá de esto.