Prevenir y erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en Guatemala es una batalla que estamos muy lejos de ganar. Cada día, todos los días, en este país se cometen agresiones, violaciones sexuales, desapariciones y asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres que se naturalizan y hasta se justifican porque “a saber en qué estaba metida”, “quién sabe cómo estaba vestida” o “eso le pasa por andar sola en la calle”.

Cada vez que una niña o adolescente desaparece o que una mujer es violada o asesinada surgen voces que disculpan al agresor: “estaba celoso”, “no sabía lo que hacía”, “ella se lo buscó porque no le hizo caso” o “eso le pasa por ser mala mujer”. También se replican los mensajes que niegan que a muchas mujeres se les asesina, precisamente, por su condición de mujeres.

Todas estas argumentaciones que se multiplican hasta el infinito en las redes sociales están presentes también en las prédicas religiosas, en las cátedras de las escuelas, institutos y universidades, en los discursos de figuras públicas y autoridades de gobierno y hasta en las columnas de opinión, los programas de radio y televisión y las portadas de los diarios. Más grave aún, se traducen en leyes que restringen libertades y derechos y pretenden perpetuar la subordinación absoluta de las mujeres.

Aunque parezca increíble, lo que prevalece en la Guatemala del siglo 21 es la errónea interpretación de que los hombres mandan, deciden y son dueños de la vida y los cuerpos de las niñas y las mujeres, y que nosotras debemos obedecerlos, atenderlos, servirlos y nunca negarnos a sus deseos. Esta cultura tan arraigada limita los derechos de las mujeres, nos coloca en una situación de extrema desigualdad y establece roles y espacios diferenciados en los que nos vemos relegadas exclusivamente a lo privado y a las tareas de procreación y cuidados.

En síntesis, se impone la idea de la sumisión absoluta de lo femenino ante lo masculino y eso, al final de cuentas, termina por justificar y naturalizar la violencia contra las mujeres, los embarazos forzados en las niñas y adolescentes y el acoso como forma de relacionamiento en todos los ámbitos de la vida. Por eso, en lo que va de 2021, en Guatemala ha habido más asesinatos de mujeres que días del año, y hasta el mes de agosto se reportaban 1,271 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años.

Eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres no es una responsabilidad que recaiga solamente en nosotras. Es un asunto que debiera interpelar y comprometer a toda la sociedad. El sistema de justicia tiene un rol que jugar porque la impunidad es la mejor aliada de los agresores, violadores y asesinos de mujeres. El sistema educativo es fundamental en la transformación cultural y en la erradicación de estereotipos y antivalores que fomentan y propician relaciones de violencia, discriminación y exclusión.

Los medios de comunicación y las y los periodistas somos también parte de la solución. Podemos ser reproductores de este sistema injusto cuando utilizamos lenguaje sexista, difundimos estereotipos, contribuimos a estigmatizar a las niñas, adolescentes y mujeres; reproducimos discursos de odio y justificamos las agresiones y las violencias.

O, por el contrario, podemos asumir un ejercicio periodístico que favorezca la construcción de una sociedad más equitativa y menos desigual, a través de generar información y análisis que deconstruya la cultura machista y patriarcal. ¿Cómo? Descartando el uso de estereotipos, visibilizando las causas detrás de las violencias, incluyendo a más mujeres como fuentes de información y dejando de verlas únicamente como meras cifras para nuestras notas. En resumen, contribuir desde el periodismo con un enfoque de derechos e inclusión.