“La presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986 al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza”, dice el artículo 21 de las disposiciones transitorias y finales de nuestra Constitución. Una constitución de mediana edad, con una reforma constitucional en los años 1993 y 1994, surgida de una crisis política ocasionada por el instinto autoritario de Jorge Serrano Elías, es la que marca las reglas básicas para nuestra dinámica democrática.

¿Qué hemos logrado en estos 34 años?, y mucho cuidado con dejar este debate solo en cancha de abogados, porque mi gremio está seguro de que, si se habla de normas, solo su perspectiva vale, cuando este tema es básico para todos.

El 23 de marzo de 1982, una junta de gobierno integrada por el general Efraín Ríos Montt, el general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Gordillo Martínez se instaló, y así cayó el gobierno de Romeo Lucas García y quedó atrás nuestro peor texto constitucional (como lo calificaron Jorge Mario García Laguardia y Edmundo Vásquez Martínez). Luego, el 9 de junio de 1982, el apetito pudo más y Ríos Montt disuelve la junta, autoproclamándose presidente, y así de fácil, con un término republicano, se vistió de dictador con el hambre voraz de quedarse en el Palacio. El 8 de agosto de 1983, un nuevo golpe de Estado provoca un “relevo en la cúpula de gobierno” y el general Óscar Mejía Víctores encabezó la jefatura de gobierno hasta entregar el poder a Vinicio Cerezo el día que entró en vigencia el texto constitucional.

La Asamblea Nacional Constituyente se integró y ninguna fuerza política tuvo hegemonía, así que buena parte de lo que tenemos es producto del consenso. Que en la reforma constitucional se haya decidido ir para atrás en varios aspectos es producto de otras líneas.

El 14 de enero recién pasado, justo el día en que el doctor Giammattei y su equipo asumió el poder, cumplimos 34 años de vigencia constitucional y buena parte de sus mandatos siguen sin ser atendidos. Además, si bien en libertades políticas hemos tenido un crecimiento exponencial con los retrocesos marcados del gobierno de Morales y compañía, en libertades económicas la dinámica no es halagüeña y deben crearse nuevas estructuras para dejar de competir con los hermanos haitianos en los peores indicadores de desarrollo latinoamericanos.

Nuestro marco constitucional es bueno, pero es innegable el secuestro de algunas instituciones por intereses sectoriales o crimen organizado, sin embargo resulta que el modelo constitucional está incompleto cuando la indolencia de todas las legislaturas hasta la fecha, por miedo o haraganería, no abordaron leyes fundamentales que tienen orden para ser discutidas y aprobadas, entre ellas la Ley de Aguas y la Ley de Pueblos Indígenas.

Una ley no resuelve el problema del agua y menos aún la marginación de pueblos indígenas, pero sí denota que en 34 años dos de los asuntos de sobrevivencia digna han sido evadidos porque los negocios pueden más y motivan mejor a quienes han sido nuestros representantes. La ausencia de debate parlamentario sobre estos temas implica además que el poder no atiende una orden constitucional lo que equivale a su eterna violación.

La Constitución es mucho más que una norma, es el pacto de convivencia pacífica. Si no lo entendemos no nos sorprenda que la intolerancia violenta sea la única práctica de distintos sectores de poder, sobre todo cuando ya el dueño de la UCN quiso revivir el asesinato político de forma descarada con, de seguro, aquiescencia de quienes mandaban hace poco.