Con otra mirada

52 años que no pasaron en vano

José María Magaña Juárez jmmaganajuarez@gmail.com

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El destino de Antigua Guatemala, ciudad icónica del siglo XVIII congelada en el tiempo, quedó signado con la publicación de la Ley Protectora el 21 de noviembre de 1969.

El Consejo Protector funciona desde 1972. Sus primeras acciones transformaron la imagen de la ciudad, empezando por eliminar rótulos de todo tipo, estuvieran en las fachadas de las casas, en bandera o en postes, pintados o luminosos, imagen que daba a las calles la apariencia de grotesco mercado. La tarea fue acompañada de programas educativos para la niñez y juventud, así como campañas culturales para la población, que en principio rechazó el nuevo régimen de conservación por considerarlo atentatorio a la propiedad privada.

Para entonces el conjunto jesuita constituido por el templo, los tres claustros del Colegio Mayor, monasterio y la huerta, desde 1912 lo ocupaba el mercado municipal. Para eso, sus espacios interiores habían sido parcialmente mutilados y las ventanas exteriores convertidas en puertas para los locales comerciales hacia la calle, echando a perder su naturaleza y valor arquitectónico.

Los terremotos del 4 y 6 de febrero de 1976 evidenciaron la fragilidad de la ciudad, haciendo más difícil la ya difícil tarea por conservarla. La tragedia estimuló pedir y recibir apoyo internacional, incluido el estudio para solicitar a la Convención del Patrimonio Mundial de Unesco su inclusión en la lista de bienes culturales protegidos, privilegio alcanzado en 1979 e inscrita con el No. 65. Uno de los primeros trabajos a gran escala, en ese mismo año, fue la recuperación del conjunto jesuita, al contar con fondos propios y los aportados por Unesco ante la emergencia.

De la gestión como Conservador de la Ciudad (1978-1985) me quedó clara la necesidad de contar con el apoyo de vecinos conscientes de la importancia de conservar el bien cultural, ya que los esfuerzos institucionales del CNPAG-Municipalidad siempre fueron insuficientes. Con un primer grupo, en 1985 recuperamos la Asociación Amigos de Antigua, cuyos estatutos remiten a 1932. En 1992 fundé la Asociación de Arquitectos Diego de Porres. En 1999 creamos la Asociación Salvemos Antigua, dedicada a programas educativos, actividades culturales, conferencias y foros, con el objeto de apoyar a las autoridades.

Salvemos Antigua y Diego de Porres han criticado proyectos atentatorios, al tiempo de hacer propuestas concretas. La más importante, la creación de la Unidad Técnica de Desarrollo Municipal (2001) que preparó el Esquema de Ordenamiento Territorial 2002. En el 2006 el Consejo Cívico de Vecinos aglutinó nueve comités y 12 asociaciones; es el grupo más representativo de la custodia de la histórica ciudad.

En el 2013 un proyecto arbitrario en la aldea Santa Ana, de 77 lotes, provocó su rechazo colectivo, determinando que carecía de autorización. En el 2020 el Concejo Municipal omitió el antecedente y aprobó el cambio de uso del suelo, causando de nuevo la reacción local, esta vez desde el Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea (Cocode), integrado por jóvenes profesionales y resueltos vecinos. Hoy veo con agrado cómo los 52 años transcurridos desde la publicación de la Ley Protectora, junto al trabajo y esfuerzo impulsado, personal y colectivo, no pasaron en vano.

Vecinos de Santa Ana y de otras aldeas valoran la importancia de vivir en una ciudad histórica, cuya vigencia, lo saben, depende de la protección y desarrollo de sus enclaves urbanos creados en el siglo XVI. Hacen suya la conservación como fuente de identidad y presentan férrea oposición a nuevos proyectos que no aportan ningún beneficio dado su carácter especulativo, poniendo en riesgo la calidad de vida a la que están acostumbrados.