Los estudios superiores son responsabilidad de las universidades que certifican mediante la emisión del título correspondiente que el alumno adquirió los conocimientos necesarios en un campo específico. Autorizar el ejercicio profesional es responsabilidad del Estado, para lo que otorga la licencia correspondiente.

El pasado jueves 24, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala festejó los 75 años de creación de la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el Ejercicio de las Profesiones Universitarias (1947), decreto legislativo No. 332, que dio origen a los colegios profesionales responsables de su cumplimiento y defensa gremial, entre otros objetivos. Para los graduados fuera del país existe la figura de la incorporación, a fin de que puedan ejercer la profesión.

Hasta entonces los profesionales graduados en la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto a los incorporados, se aglutinaban en asociaciones de carácter gremial, para que el libre ejercicio de la profesión tuviera presencia en el contexto público y social.

En ese mismo año fueron creados los colegios profesionales de Farmacéuticos y Químicos, a cargo de Cayetano Díaz Ortiz; Abogados y Notarios, con Arturo Peralta Azurdia; Estomatología, con Alfredo A. Morales; Médicos y Cirujanos, con Lizardo Estrada; e Ingenieros con Juan de Dios Aguilar de León.

En 1991, el decreto 332 fue derogado por el 62-91, sustituido a su vez por el 72-2001 del Congreso de la República, vigente desde el 22Dic2001.

En My1955, la Junta de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala empezó sus actividades con la participación de siete colegios: Alfredo Gil Gálvez, Médicos y Cirujanos; Jorge Braham, Estomatología; José Tomás Rodas C., Farmacéuticos y Químicos; Adolfo Almengor, Abogados y Notarios; José Bernardo Cárdenas, Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas; Mauricio Castillo C., Ingenieros y Daniel Contreras, Humanidades.

En 1958 se instituyó la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales como la conocemos hoy, integrada por 11 colegios. Haciendo una aproximación de población con el resultado del censo de 2020, hoy debemos ser unos 18 millones de guatemaltecos. Dentro de ese universo destacan los 224,873 profesionales registrados en los 14 colegios profesionales existentes, egresados de 16 universidades, producto de más de 700 carreras universitarias con grado académico de licenciatura.

Semejante cifra apenas representa el 1.25% de la población. Cierto, es un pequeño segmento de la sociedad que a su vez es claramente privilegiado, si se le considera en el contexto del alto nivel de analfabetismo que prevalece en nuestro país; condición que, con pocas excepciones, algunos gobiernos han hecho importantes aportes a fin de resolver. Aunque lo sabemos muy bien, en general la mayoría de ellos han emprendido una y otra vez infructuosos, costosos e inútiles programas de alfabetización, sin la intención de resolver esa vergüenza nacional como consecuencia de satisfacer y priorizar intereses y ganancias ajenas al desarrollo y progreso de la Nación.

A lo largo de la historia republicana, esa clase privilegiada representada por los profesionales ocupó importantes cargos en los tres poderes del Estado; desde la Presidencia de la República, como de la Corte Suprema de Justicia y Congreso de la República; de la Corte de Constitucionalidad y Tribunales. Lo mismo que altos cargos de la administración pública, como ministerios, direcciones generales y alcaldías ocupados por honorables y cultos ciudadanos, hombres y mujeres que han sido ejemplo de capacidad, honorabilidad, transparencia y otras virtudes, que hoy tanto echamos de menos.